Call centers en Córdoba: entre la expansión económica y las demandas laborales

| Por Sebastián Sigifredo |

Los centros de contacto atraviesan un periodo fecundo en la provincia mediterránea. La devaluación del peso, los beneficios impositivos, el nivel elevado de la mano de obra, el temor al desempleo y un régimen laboral adaptado a las necesidades de las compañías constituyen razones suficientes para hacer del sector un puntal de la recuperación económica. Pero no todos son elogios y desde el seno de las empresas se multiplican los reclamos.

La escasez de perspectivas laborales encuentra en los centros de contacto una salida rápida para los jóvenes que se ven en la necesidad de generar ingresos. Mientras la desocupación promedio baja al 9,8 por ciento, uno de cada cuatro argentinos entre 15 y 24 años (el 24%) no consigue empleo.

Aunque no hay datos oficiales, se calcula que en Córdoba existe una veintena de centros de contacto. Con un mercado en expansión que se refleja en un crecimiento de 30 por ciento en cantidad de mano de obra ocupada, el universo de gente contratada para estas empresas alcanzaría a los 25 mil antes de finalizar 2008.

La actividad se concentra en el outsourcing (prestar servicios a terceros) y el offshoring (servicios a clientes de otros países), lo que permite al sector generar negocios por 110 millones de pesos anuales.

La apertura de, al menos, cuatro call centers en los últimos seis meses en la ciudad de Córdoba habla a las claras de que los empresarios se ven tentados a invertir “en un terreno fértil para los negocios”, remarcó recientemente Raúl Cravero, director de Multiconex, en declaraciones a La Voz del Interior.

Este marco ampliamente generoso es promocionado por la Agencia de Desarrollo de Inversiones de la Nación (ADI) al destacar las ventajas comparativas de nuestro país: moderna infraestructura de telecomunicaciones, reducida diferencia horarios con los países centrales, recursos humanos altamente calificados, incentivos gubernamentales –reducción impositiva-, y por sobre todo una ‘legislación laboral flexible’ y ‘costos competitivos en los principales insumos’, en particular la mano de obra.

Tras ésta fachada de empresas que se expanden de manera vertiginosa se esconde una realidad menos explorada por los medios de comunicación: la explotación de los trabajadores de centros de contacto cristalizada en la negación de sus derechos laborales más elementales.

Córdoba no escapa al régimen que regula la actividad en nuestro país y los trabajadores son representados por la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (Agec). La tarea del telemarketer está catalogada como trabajo insalubre, este encuadramiento permite evitar el pago del plus correspondiente y reducir los costos de la mano de obra.

La rotación del personal alcanza al 25 por ciento. La cifra se ubica entre las más altas del mercado laboral y se relaciona con la extenuación de los agentes telefónicos, expuestos a presión constante, alto control y vigilancia, sobre-exigencia para cumplir altos niveles de productividad, estrés y también a la recurrencia de los despidos.

La desprotección que denuncian los empleados alcanza límites insospechados. Desde la obligatoriedad de concurrir los días feriados hasta la limitación de las salidas sanitarias, pasando por irregularidades en la liquidación de haberes o la persecución de los ‘agentes indeseables’ a través de sanciones disciplinarias y suspensiones, los abusos parecen no tener fin.

En el gobierno provincial, la alineación con la Cámara de Empresas de Servicios de Contactos de Terceros de la Provincia de Córdoba (CESCT), que agrupa a principales firmas, se puso de manifiesto con la sanción de la Ley 9232 y su decreto 353/05, que establecen la exención total a las empresas del sector del pago de impuestos sobre ingresos brutos (3,5 de la facturación), impuestos de sellos e inmobiliario por un plazo de diez años como complemento al aval de la tutela sindical que ejerce el sindicato de empleados de comercio.

Es dentro de ese marco que un grupo de jóvenes de varias empresas creo un sindicato de teleoperadores. Hasta ahora no poseen personería gremial y deben conformarse con ser un sindicato de oficio. Pero la pelea por construir un espacio que represente realmente a los trabajadores del sector recién comienza.

Fuente: http://www.todastuscosas.com/2008/02/05/call-centers-en-cordoba-entre-la-expansion-economica-y-las-demandas-laborales/

Rechazan la minería a cielo abierto en Córdoba

| Por Sebastián Sigifredo |

Las serranías cordobesas se han convertido en un botín muy codiciado para las corporaciones internacionales. Lejos de lo que podría pensarse, no las atrae el turismo sino la explotación minera. Pero en las localidades afectadas surgen agrupamientos espontáneos de vecinos que se oponen a los emprendimientos en defensa del medio ambiente y la preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la región.

La región de Ongamira, situada en el noroeste cordobés y a 110 kilómetros de la Capital, muestra como una comunidad puede desafiar la instalación de canteras a cielo abierto, en este caso, de la francesa Red Mineral Corporation, que llevaría adelante gestiones de cateo y posibles futuras explotaciones en esa región.

Quebrada de Luna, Copacabana, Charbonier, Deán Funes, Escobas, Cañada de Río Pinto, Sarmiento, Agua de las Piedras, Las Vertientes y Cerro Negro, serían los puntos. La gente habla de alrededor de 11 mil hectáreas, que podrían llegar a 300 mil. Los yacimientos de oro, plata, plomo, cobre y zinc que se intentaría explotar son resistidos debido a que no se han realizado estudios de impacto ambiental.

A partir de asambleas vecinales, manifestaciones culturales, charlas-debates en las escuelas de la región, mediatización de las demandas, movilizaciones a la Capital y el contacto con movimientos sociales de base con reclamos similares, la organización ¡Ongamira despierta! ha logrado erigirse en el espacio público como un interlocutor legítimo respecto a los emprendimientos mineros en el área ya que aglutina los reclamos de los vecinos autoconvocados.

Los avances son modestos porque los emprendimientos despiertan posiciones encontradas entre los pobladores. Las comunidades tienden a la fragmentación entre quienes no tienen trabajo y ansían cierta estabilidad y los que avizoran una amenaza seria al ambiente, al turismo y al patrimonio arqueológico y paleontológico.

La situación se repite en otras localidades del interior. En San Marcos Sierras y La Falda los vecinos se reúnen periódicamente para reclamar que no se radiquen empresas transnacionales mineras en la zona para desarrollar explotaciones que comprometan el medio ambiente.

A escasos kilómetros de Villa Carlos Paz, la localidad de Bialet Masse asistió perpleja a fines de noviembre último al inicio de actividades sin autorización de una mina de mica, lo que podría dañar la provisión de agua en la localidad serrana, de acuerdo a la denuncia efectuada por la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) con el apoyo de los pobladores.

En el valle de Traslasierra, los ciudadanos de Salsacate se debaten entre la preservación del agua o la exploración de oro por parte de Teck Cominco, corporación canadiense con antecedentes en tareas de exploración minera en América, Asia, Europa y África.

Allí también los vecinos tomaron la iniciativa e intentan generar una participación masiva de la población para discutir el proyecto minero especialmente desde que se reveló que la explotación se asentaría en un sitio donde hay un reserva de agua.

La presión sobre los municipios comienza a dar sus frutos: hacia fines de 2007, los consejos deliberante de tres localidades serranas -Villa del Totoral, Capilla del Monte y Villa Giardino- aprobaron sendas ordenanzas que prohíben la minería metalífera química a cielo abierto en el ámbito territorial municipal.

En tanto, las gestiones que realiza el Gobierno provincial son fuertemente cuestionadas “por favorecer la instalación de mineras en zonas turísticas”, sostienen los habitantes de las comunidades involucradas.

La enemistad entre los lugareños y las autoridades debe rastrearse en el rechazo a la propuesta presentada por la Dirección de Patrimonio Cultural de conformar una zona de exclusión de explotación minera para preservar yacimientos arqueológicos en el noroeste cordobés, medida que fue desechada de plano por la Secretaría de Minería de Córdoba argumentando que se paralizaría la actividad económica en la región.

Pero la toma de conciencia es cada vez más fuerte y quizá por eso los vecinos continúan sus reuniones periódicas durante el verano. El próximo encuentro será en la Escuela de Ongamira el 19 de enero en el marco de la Asamblea General para seguir profundizando una lucha que pretenden extender a toda la provincia.

Fuente: http://www.todastuscosas.com/2008/01/15/rechazan-la-mineria-a-cielo-abierto-en-cordoba/

Beneficiarios ponen en jaque un plan de viviendas sociales en Córdoba

Por Sebastián Sigifredo

Para paliar el problema del déficit habitacional, el gobierno provincial se propuso erradicar las villas miserias de la capital con la creación del programa de viviendas sociales Mi Casa/Mi Vida. Con el objetivo de otorgar casas de calidad a los sectores carenciados, en particular a quienes habitan zonas inundables, se gestó la construcción de unos 25 barrios logrando que más de 20 mil personas fueran trasladadas hacia la periferia. Los pobladores revelan que las promesas de mejora en la calidad de vida no se concretaron y emprenden el regreso a sus antiguas localizaciones.

Los barrios-ciudades, ubicados en su mayoría tras el anillo de circunvalación que rodea a la capital, carecen de continuidad con el resto de la ciudad y se encuentran poco conectados con la infraestructura ciudadana, tanto en lo que se refiere al transporte público como al sistema cloacal o al servicio de recolección de residuos.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -principal financista del programa de viviendas- publicado a mediados de 2007 da cuenta del estado “deficiente” de las cloacas, los problemas de adaptación de las familias al nuevo entorno y la falta de transporte (más del 60 por ciento no tiene línea de colectivos que tomar).

El nuevo modelo de ciudad que se proyecta, marcado por la desigualdad social, deviene en la partición del territorio con la pobreza localizada en áreas periféricas.

Sin embargo, la cuestión laboral es la principal dificultad con la que deben lidiar los pobladores de las nuevas localizaciones. Al estar fuera del circuito formal, los habitantes de las villas desarrollaban su vida económica en relación a los barrios aledaños.

Los traslados incidieron en la pérdida de ingresos económicos dado que tanto las mujeres que trabajan en el servicio doméstico como los hombres que hacían trabajos esporádicos en zonas adyacentes a la villa se ven imposibilitados de reemplazar esa red relacional de la que gozaban.

La gravedad de la situación se cristaliza en los indicadores sociales. El 80 por ciento de los beneficiarios de Mi Casa/Mi Vida recibe un programa social como principal ingreso familiar, según datos oficiales del Ministerio de la Solidaridad.

Los habitantes de los barrios-ciudades, en tanto, reclaman que les prometieron la posibilidad de una vida mejor pero el programa no contempló la integración de las familias a los circuitos regulares de trabajo, lo que aumentó su vulnerabilidad y dependencia de la ayuda estatal.

Actualmente, sólo en las villas donde existe una identidad arraigada, fruto del trabajo de las organizaciones populares y los comedores comunitarios, algunos pobladores han resistido con éxito los traslados.

En el caso de Villa La Maternidad, ubicada a escasas cuadras del centro, un grupo de familias puso en tela de juicio al programa del gobierno reclamando la propiedad de la tierra que habitan y la mejora de la infraestructura del lugar.

A pesar de las presiones para hacer el traslado, lograron resistir y firmaron un convenio con el Ministerio de la Solidaridad para que la gente pueda quedarse en la zona y se le construyan casas dignas.

El problema, no obstante, está lejos de resolverse: las contradicciones se hacen evidentes cuando algunas familias entienden que con sólo la vivienda no alcanza para vivir en los barrios-ciudades y emprenden el regreso a la villa que los vio partir.

Hacia noviembre de 2007 se conoció que medio centenar de familias del barrio-ciudad Ciudad de Mis Sueños había abandonado su casa y regresado a Villa La Maternidad. No serían los únicos ya que varios de los pobladores que se quedaron afirman que volverían a sus villas.

Distantes de donde podían ganarse el sustento, aislados e insertos en un contexto donde cada sector se las arregla como puede, los beneficiarios del programa vieron derrumbarse las redes de solidaridad que los contenían y el regreso a sus antiguos hogares parece ser sólo cuestión de tiempo.

Fuente: http://www.todastuscosas.com/2008/01/08/beneficiarios-ponen-en-jaque-un-plan-de-viviendas-sociales-en-cordoba/