Crisis de representación y necesidad de reformas

El desprestigio de la clase dirigente y la escasez de respuestas certeras para encarar los problemas estructurales de la sociedad atentan contra la construcción de una democracia representativa.

Por Sebastián Sigifredo

Las elecciones legislativas definen buena parte del futuro mediato del país pero el interés de la ciudadanía en la política decae a medida que se acrecientan las distancias entre la clase dirigente y la sociedad. Ante la complejidad del escenario surgen interrogantes que merecen especial atención: ¿Qué transformaciones profundizaron la fractura entre la sociedad y la política y apuntalaron la crisis de representación? ¿Cuál fue el papel que adoptaron los actores políticos en dicho proceso?
Si bien por un lado la estabilidad lograda por las instituciones democráticas durante los últimos veinte años no tiene parragón en nuestra historia y constituye un innegable avance; por el otro, el balance que puede hacerse de estas dos décadas de gobiernos democráticos es desfavorable en los relativo a la vida cotidiana de la población.
Los partidos que gobernaron estos últimos años no lograron revertir las tendencias sociales y económicas iniciadas por la última dictadura militar. Así nuestro país es hoy más pobre, desigual e injusto de lo que era en 1976. Según Alfredo Zaiat, autor de ¿Economistas o astrólogos? La economía de los 90’, “la diferencia de ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre es una de las peores de la historia. La brecha es de 34 veces, cuando en 1975 era de 8”.
En tal sentido, los partidos que se sucedieron en el gobierno desde 1983 no mostraron una decisión clara de enfrentar las dificultades existentes y optaron por resignarse a las restricciones impuestas por los factores de poder tanto locales como globales. Más aun, la opción asumida por la mayoría de los líderes partidarios ha mezclado la resignación con un uso creciente de los recursos públicos en beneficio propio, contribuyendo de esa forma a la degradación institucional y al malestar de la ciudadanía con la política en su conjunto.
No debería sorprender, en consecuencia, encontrar que los resultados de las encuestas de opinión pública en América Latina demuestran altos niveles de insatisfacción con el desempeño de los regímenes democráticos. En general, destaca el portal Latinobarómetro, estos fluctúan entre el 40% en Perú y Bolivia y el 59% y el 62% en Colombia.
Por otra parte, la reducción del papel que el Estado juega en la regulación de la vida cotidiana, junto con sociedades cada vez más individualizadas y heterogéneas, han llevado a un descentramiento de la política, que debe ceder lugar frente a relaciones mercantiles. A ello deben agregarse dos fenómenos más que operan en igual sentido: la creciente diferenciación social y el impacto político de los medios masivos de comunicación. “Estos trasladan el lugar tradicional de la política (la calle, la plaza, lo público) llevándola a las casas de los ciudadanos, aquella esfera de lo individual e íntimo”, afirma el politólogo Juan Abal Medina (h) en su obra Los partidos políticos ¿Un mal necesario?”.
De este modo se genera lo que se define como “una democracia de la audiencia” en la que los electores se comportan como públicos cuya finalidad los políticos deben construir día a día con su accionar.
Este es el núcleo de la contemporánea crisis de representación que se exacerba en ocasión de renovar el Congreso: sociedades que son difícilmente representables y organizaciones partidarias incapaces de hacerlo que generan en los electorados apatía y distanciamiento de la política.
Como decía Max Weber, en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta una y otra vez alcanzar lo imposible. En este sentido, la pelea por acercar nuestras imperfectas instituciones de gobierno al ideal de un pueblo gobernándose asimismo será un desafío que siempre valdrá la pena encarar.

Córdoba: La Operación Milagro en el ojo de la tormenta

La Misión Milagro es un programa oftalmológico gratuito destinado a intervenir quirúrgicamente a personas afectadas por cataratas o pterigion -carnosidad en los ojos-, dos enfermedades que si no se operan pueden llevar a la ceguera. Impulsado por Cuba y respaldado por Venezuela, despierta tantas expectativas en la población más humilde como críticas en los médicos locales, quienes optaron por redoblar la apuesta y ofrecen un programa solidario similar pero ejecutado por oftalmólogos cordobeses.

Por Sebastián Sigifredo

Los principales cuestionamientos se dirigen hacia la participación de médicos cubanos en Operación Milagro, considerados por los colegios profesionales locales como una competencia desleal. A lo que debe añadirse el rechazo expresado por el Consejo Argentino de Oftalmología al considerar ilegal la misión (los médicos cubanos no cuentan con matrícula de Argentina, por lo que no estarían habilitados para hacerlo, afirman). Lo cierto es que desde su implementación en 2006 más de 17 mil argentinos recuperaron la visión.

Desde la fundación Un Mundo Mejor es Posible (UMMeP), encargada de organizar las experiencias, se informó que unos 300 médicos cubanos, con apoyo de colegas bolivianos y argentinos, realizan las intervenciones en hospitales bolivianos de las localidades de Villazon y Yacuiba, dos puntos fronterizos clave con Argentina.

En nuestro país, las personas que han sido operadas provienen en su mayoría de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Buenos Aires y Córdoba, con las que se formalizaron vínculos a través de organismos oficiales y fundaciones para que los ciudadanos pudieran participar. Los beneficiarios no pagan un centavo porque los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia cubren los gastos de transporte, hospedaje y tratamiento médico.

El convenio firmado por el municipio y la fundación UMMeP en 2006 y respaldado por el ahora intendente, Daniel Giacomino, posibilita a los ciudadanos de Córdoba el acceso a Operación Milagro. Para ello, se realiza un pre-revisación en los Centros de Participación Comunal.

El procedimiento está a cargo de profesionales oftalmólogos de la Dirección de Especialidades Médicas (DEM) especializados en Cuba, quienes efectúan el diagnostico correspondiente (cataratas/pterigion) a fin de incluir a nuevos pacientes que se sumarán al millar de cordobeses que ya fueron operados.

Tras detectar que personas están en condiciones de viajar al centro oftalmológico de Yacuiba, Bolivia, la Municipalidad cordobesa realiza los estudios preoperatorios (clínicos y cardiológicos) y se ocupa de controlar la evolución del paciente (revisiones periódicas).

Sin embargo, un dato poco difundido es que Córdoba cuenta desde octubre de 2006 con establecimientos que ejecutan de manera gratuita las intervenciones a personas que no tienen recursos para afrontarla.

A través de una resolución del Gobierno nacional se instruyó a diferentes cátedras de la Facultad de Medicina junto a la Sociedad Oftalmológica Argentina y entidades privadas para gestionar las mismas operaciones en hospitales públicos de la capital y así los pacientes pueden evitarse el viaje a Bolivia.

Pero tal como ocurre en otras provincias involucradas, la convivencia de los dos programas encendió la polémica en Córdoba. Los oftalmólogos locales manifiestan que al operarse en la ciudad el paciente conoce al profesional que interviene y los controles y el posquirúrgico se realizan con el mismo médico, con lo cual existe alguien cercano que responde. Sin embargo, la Operación Milagro no para de crecer y suma unos 40 cordobeses cada semana.

Para despejar conjeturas, Roque Maffrand, profesor titular de la cátedra de Oftalmología, afirmó en declaraciones a La Voz del Interior que desde la órbita pública están dispuestos a ayudar a todas los pacientes incluso a las personas que se operen en Bolivia.

Aunque las discusiones están lejos de apaciguase, lo verdaderamente destacable es que cientos de personas que no cuentan con medios económicos pueden recuperar su visión accediendo a cualquiera de los programas y así empezar a dejar atrás el tiempo de las privaciones que promueve un modelo de servicio de salud basado casi exclusivamente en criterios mercantilistas.

Fuente: http://www.todastuscosas.com/2008/02/26/cordoba-la-operacion-milagro-en-el-ojo-de-la-tormenta/

Trabajar sin patrones: la experiencia de tres empresas recuperadas en Córdoba

| Por Sebastián Sigifredo |

Bajo el impulso de sus trabajadores las empresas recuperadas forman parte del entramado productivo y social del país. Aunque muchas desaparecieron tras la crisis de 2001 otras lograron sobreponerse e incluso mejoraron su producción. Presentamos la historia de una clínica médica, una fábrica de tractores y un diario que decidieron resistir al desempleo y hoy constituyen ejemplos exitosos de autogestión en la provincia mediterránea.

Hacia finales de 2001 el marasmo social y político que vivía la Argentina puso en evidencia las falencias del modelo económico de una manera atroz: pobreza e indigencia, hambre y exclusión, precariedad forzada y desempleo masivo.

La crisis produjo una ola de quiebras y cierres de empresas tanto en el sector industrial como en el de servicios en el marco de una rápida intensificación de la conflictividad social. Miles de asalariados quedaron en la calle y pasaron a engrosar los numerosos bolsones de desocupación.

En otros casos se siguió un proceso complejo que logró la continuidad de la fuente laboral a través del traspaso de la tenencia y de la gestión a sus trabajadores. Al calor de las reivindicaciones por trabajo digno y salarios justos comenzó a desarrollarse un incipiente actor social: las empresas recuperadas por sus trabajadores.

La Clínica Junín, en la capital; la fábrica de tractores Pauny S.A., en San Francisco; y El Diario del centro del país, en Villa María; son tres ejemplos de recuperación exitosa en la provincia de Córdoba que dan crédito a la idea de que es posible ponerse de pie e incluso superar el escenario anterior a la debacle económica.

La clínica
La crisis de financiamiento del sistema privado de salud no derivó en la quiebra ni convocatoria de acreedores sino en un virtual abandono de la Clínica Junín por parte de sus propietarios.

Tras el cierre de algunos servicios y el despido de varios empleados, la lucha contra el atraso en los salarios dio un vuelco decisivo cuando los trabajadores toman la clínica y conforman una cooperativa. Asía nace la Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada, una clínica gestionada por más de 30 socios que funciona desde mediados de 2002.

En 2005 consiguen regularizar su situación con la aprobación de la expropiación del edificio donde funciona la cooperativa, en medio de amenazazas de desalojo por parte de los antiguos dueños.

Actualmente, cuenta con una estructura de servicios compuesta por más de 100 personas que cubren la guardia médica las 24 horas y ofrecen todas las especialidades. La atención alcanza a unos 3500 pacientes por mes.

El perfil del nosocomio pretende diferenciarse de las distorsiones que aquejan al ámbito público y privado de la salud. De allí que se encolumnen detrás de un modelo de medicina solidaria como una opción de servicios de salud abierta a todos los sectores sociales, a bajo costo y en forma ágil y antiburocrática.

La fábrica
Zanello era una gran empresa que llegó a liderar el mercado argentino de tractores pero hacia septiembre de 2001 quebró. Para entonces acumulaba deudas salariales de más de dos años y había suspendido la totalidad del personal.

En paralelo, la activa participación de los delegados gremiales junto a los trabajadores suspendidos, conscientes de la potencialidad de la fábrica, se cristaliza en la constitución de la Cooperativa de Trabajo Metalúrgico “Las Varillas” y la conformación de la Sociedad Anónima Pauny, cuya propiedad pertenece, en partes iguales, a los empleados jerárquicos, a los trabajadores y a la red de concesionarios.

Pauny S.A. toma posesión de la planta y de los bienes de la empresa quebrada en carácter de alquiler hasta diciembre de 2003 cuando logra comprar la totalidad de la fábrica y consolidarse definitivamente.

A partir de allí, la empresa fue incrementando su producción y el número de empleados pasó de 20 a 400 en poco tiempo. De las 260 unidades que se vendieron en 2002 pasó a más de 950 en 2007, retomando el liderazgo del mercado nacional de tractores de media y alta potencia.

El diario
La Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada se hizo cargo de la edición del Diario de Villa María a partir del 13 de diciembre de 2001 como única alternativa frente al desempleo.

Agobiados por las crecientes deudas a los proveedores, los problemas impositivos y atrasos en el pago de los salarios, la sociedad propietaria inicia un proceso de negociación acordándose la entrega a los trabajadores de la comercialización del diario, el nombre comercial del producto y parte de las instalaciones, lo que evitó la quiebra.

Si bien los dos primeros años no pudieron superar los 1200 ejemplares y durante meses los trabajadores cobraron 40 pesos a la semana, ahora el panorama es más auspicioso: la cooperativa cuenta con una tirada cercana a los 6000 ejemplares, consiguieron comprar el edificio donde trabajan y adquirieron una rotativa a color de nueve cuerpos en Estados Unidos, que hasta les permite imprimir diarios de otras provincias.

A pesar de las innumerables dificultades que deben enfrentar cada día, la constitución de empresas recuperadas constituye un cuestionamiento a la lógica del sistema que supone que la coordinación de la producción sólo puede estar a cargo de los empresarios.

La posibilidad de trabajar sin patrones y sobre la base de vínculos solidarios se plantea no sólo como una alternativa a la desocupación sino al estilo de vida mismo al recuperar otros valores y otras maneras de vincularse, en el camino hacia la construcción de un mundo más humano.

Fuente: http://www.todastuscosas.com/2008/02/19/trabajar-sin-patrones-la-experiencia-de-tres-empresas-recuperadas-en-cordoba/

El boom de la soja amenaza al campesinado del norte cordobés

| Por Sebastián Sigifredo |

El noroeste de la provincia mediterránea se ha convertido en un botín de guerra para inversores inescrupulosos que avanzan a fuerza de topadoras y violentos desalojos sobre los poseedores ancestrales de las tierras. La situación de indefinición jurídica y catastral profundiza el exilio forzado de los pobladores ante la inacción de las autoridades gubernamentales.

El modelo agrícola que históricamente caracteriza a la Argentina tiene en la pampa húmeda su espacio preponderante, con extensas llanuras fértiles, clima templado y un régimen de lluvia generoso. Hacia mediado de la década del ’90 la ecuación económica comienza a cambiar con el impulso otorgado al cultivo de soja transgénica, de rápida adaptación a climas y suelos diversos.

Desde entonces, la ampliación de la frontera agrícola se gestó de manera acelerada junto a la revalorización de las tierras antes consideradas marginales para el modelo de agricultura industrial. Con la devaluación del peso respecto al dólar se terminó de conformar un escenario altamente favorable a los cultivos agrícolas apoyado en los altos precios internacionales de las materias primas -las denominadas comodities-.

Los pequeños productores agropecuarios dedicados casi exclusivamente a la agricultura familiar son los más castigados. El avance de la soja tiende a acorralarlos hasta lograr su expulsión definitiva. El noroeste cordobés es la zona más conflictiva de la provincia debido a dos particularidades: representa el último bastión de la provincia que no había caído bajo los encantos del monocultivo y, al mismo tiempo, registra serias falencias respecto a la propiedad de la tierra.

La región en cuestión abarca el nordeste, noroeste, oeste de Córdoba, en sus límites con Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Luis, sobre los departamentos Río Seco, Tulumba, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.

De manera simplificada, en la provincia miles de personas tienen la posesión de un terreno pero ningún título que los avale. Ante el avance de los empresarios los campesinos comenzaron a agruparse en la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (Apenoc), una organización que reúne a 300 familias nucleadas en 14 comunidades. De la resistencia también participan el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Unión de Campesinos del Norte (UCAN), la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (OCUNC), entre otras.

Pero con eso no alcanza. La inacción de jueces de paz e intendentes y jefes comunales permite que se borre toda huella de antigua posesión y actividad productiva sobre el terreno en disputa, favoreciendo los arrebatos y el exilio forzado de las familias campesinas.

La repercusión mediática que alcanzó el violento desalojo de Ramona Bustamante en 2004 obligó al Estado provincial a tomar cartas en el asunto. La sanción de la Ley 9.150 creó el Registro Personal de Poseedores con el fin de normalizar la situación de crisis dominial generalizada a través del saneamiento de los títulos de propiedad. Sin embargo, el Movimiento Campesino de Córdoba denuncia que las autoridades competentes continúan sin resolver las más de 300 solicitudes de registro presentadas.
“Ramonita”, de más de 80 años, vivía desde hacia más de 60 años en su vivienda del Paraje Las Maravillas, en el departamento Tulumba, hasta que la policía del lugar la desalojó y las topadoras derrumbaron su humilde hogar.

Defensoría
Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo de la Nación advierte sobre el despojo de las tierras y la destrucción de viviendas y sembradíos que están padeciendo los campesinos del norte provincial.

El organismo nacional confirma que empresarios inescrupulosos aprovechan la situación de indefinición jurídica y catastral de los campesinos para apropiarse de sus tierras mediante medidas cautelares, sin sentencia firme.

A ello, agrega el informe, se suma “la destrucción de viviendas, graves amenazas y agresiones verbales y físicas de parte de civiles armados o la quema de cercos y sembradíos y la matanza de animales como modo de hostigamiento para que, agobiados, los campesinos terminen pro vender su posesión y radicarse en la ciudad”.

Casos como el de “doña Ramona” son una constante y marcan un recrudecimiento de los conflictos por la tierra. El resultado de la confrontación definirá no sólo el futuro de cientos de familias campesinas del norte cordobés, también está en juego la preservación de la biodiversidad y los últimos resabios de los bosques nativos.

Fuente: http://www.todastuscosas.com/2008/02/12/el-boom-de-la-soja-amenaza-al-campesinado-del-norte-cordobes/

Call centers en Córdoba: entre la expansión económica y las demandas laborales

| Por Sebastián Sigifredo |

Los centros de contacto atraviesan un periodo fecundo en la provincia mediterránea. La devaluación del peso, los beneficios impositivos, el nivel elevado de la mano de obra, el temor al desempleo y un régimen laboral adaptado a las necesidades de las compañías constituyen razones suficientes para hacer del sector un puntal de la recuperación económica. Pero no todos son elogios y desde el seno de las empresas se multiplican los reclamos.

La escasez de perspectivas laborales encuentra en los centros de contacto una salida rápida para los jóvenes que se ven en la necesidad de generar ingresos. Mientras la desocupación promedio baja al 9,8 por ciento, uno de cada cuatro argentinos entre 15 y 24 años (el 24%) no consigue empleo.

Aunque no hay datos oficiales, se calcula que en Córdoba existe una veintena de centros de contacto. Con un mercado en expansión que se refleja en un crecimiento de 30 por ciento en cantidad de mano de obra ocupada, el universo de gente contratada para estas empresas alcanzaría a los 25 mil antes de finalizar 2008.

La actividad se concentra en el outsourcing (prestar servicios a terceros) y el offshoring (servicios a clientes de otros países), lo que permite al sector generar negocios por 110 millones de pesos anuales.

La apertura de, al menos, cuatro call centers en los últimos seis meses en la ciudad de Córdoba habla a las claras de que los empresarios se ven tentados a invertir “en un terreno fértil para los negocios”, remarcó recientemente Raúl Cravero, director de Multiconex, en declaraciones a La Voz del Interior.

Este marco ampliamente generoso es promocionado por la Agencia de Desarrollo de Inversiones de la Nación (ADI) al destacar las ventajas comparativas de nuestro país: moderna infraestructura de telecomunicaciones, reducida diferencia horarios con los países centrales, recursos humanos altamente calificados, incentivos gubernamentales –reducción impositiva-, y por sobre todo una ‘legislación laboral flexible’ y ‘costos competitivos en los principales insumos’, en particular la mano de obra.

Tras ésta fachada de empresas que se expanden de manera vertiginosa se esconde una realidad menos explorada por los medios de comunicación: la explotación de los trabajadores de centros de contacto cristalizada en la negación de sus derechos laborales más elementales.

Córdoba no escapa al régimen que regula la actividad en nuestro país y los trabajadores son representados por la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (Agec). La tarea del telemarketer está catalogada como trabajo insalubre, este encuadramiento permite evitar el pago del plus correspondiente y reducir los costos de la mano de obra.

La rotación del personal alcanza al 25 por ciento. La cifra se ubica entre las más altas del mercado laboral y se relaciona con la extenuación de los agentes telefónicos, expuestos a presión constante, alto control y vigilancia, sobre-exigencia para cumplir altos niveles de productividad, estrés y también a la recurrencia de los despidos.

La desprotección que denuncian los empleados alcanza límites insospechados. Desde la obligatoriedad de concurrir los días feriados hasta la limitación de las salidas sanitarias, pasando por irregularidades en la liquidación de haberes o la persecución de los ‘agentes indeseables’ a través de sanciones disciplinarias y suspensiones, los abusos parecen no tener fin.

En el gobierno provincial, la alineación con la Cámara de Empresas de Servicios de Contactos de Terceros de la Provincia de Córdoba (CESCT), que agrupa a principales firmas, se puso de manifiesto con la sanción de la Ley 9232 y su decreto 353/05, que establecen la exención total a las empresas del sector del pago de impuestos sobre ingresos brutos (3,5 de la facturación), impuestos de sellos e inmobiliario por un plazo de diez años como complemento al aval de la tutela sindical que ejerce el sindicato de empleados de comercio.

Es dentro de ese marco que un grupo de jóvenes de varias empresas creo un sindicato de teleoperadores. Hasta ahora no poseen personería gremial y deben conformarse con ser un sindicato de oficio. Pero la pelea por construir un espacio que represente realmente a los trabajadores del sector recién comienza.

Fuente: http://www.todastuscosas.com/2008/02/05/call-centers-en-cordoba-entre-la-expansion-economica-y-las-demandas-laborales/

Rechazan la minería a cielo abierto en Córdoba

| Por Sebastián Sigifredo |

Las serranías cordobesas se han convertido en un botín muy codiciado para las corporaciones internacionales. Lejos de lo que podría pensarse, no las atrae el turismo sino la explotación minera. Pero en las localidades afectadas surgen agrupamientos espontáneos de vecinos que se oponen a los emprendimientos en defensa del medio ambiente y la preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la región.

La región de Ongamira, situada en el noroeste cordobés y a 110 kilómetros de la Capital, muestra como una comunidad puede desafiar la instalación de canteras a cielo abierto, en este caso, de la francesa Red Mineral Corporation, que llevaría adelante gestiones de cateo y posibles futuras explotaciones en esa región.

Quebrada de Luna, Copacabana, Charbonier, Deán Funes, Escobas, Cañada de Río Pinto, Sarmiento, Agua de las Piedras, Las Vertientes y Cerro Negro, serían los puntos. La gente habla de alrededor de 11 mil hectáreas, que podrían llegar a 300 mil. Los yacimientos de oro, plata, plomo, cobre y zinc que se intentaría explotar son resistidos debido a que no se han realizado estudios de impacto ambiental.

A partir de asambleas vecinales, manifestaciones culturales, charlas-debates en las escuelas de la región, mediatización de las demandas, movilizaciones a la Capital y el contacto con movimientos sociales de base con reclamos similares, la organización ¡Ongamira despierta! ha logrado erigirse en el espacio público como un interlocutor legítimo respecto a los emprendimientos mineros en el área ya que aglutina los reclamos de los vecinos autoconvocados.

Los avances son modestos porque los emprendimientos despiertan posiciones encontradas entre los pobladores. Las comunidades tienden a la fragmentación entre quienes no tienen trabajo y ansían cierta estabilidad y los que avizoran una amenaza seria al ambiente, al turismo y al patrimonio arqueológico y paleontológico.

La situación se repite en otras localidades del interior. En San Marcos Sierras y La Falda los vecinos se reúnen periódicamente para reclamar que no se radiquen empresas transnacionales mineras en la zona para desarrollar explotaciones que comprometan el medio ambiente.

A escasos kilómetros de Villa Carlos Paz, la localidad de Bialet Masse asistió perpleja a fines de noviembre último al inicio de actividades sin autorización de una mina de mica, lo que podría dañar la provisión de agua en la localidad serrana, de acuerdo a la denuncia efectuada por la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) con el apoyo de los pobladores.

En el valle de Traslasierra, los ciudadanos de Salsacate se debaten entre la preservación del agua o la exploración de oro por parte de Teck Cominco, corporación canadiense con antecedentes en tareas de exploración minera en América, Asia, Europa y África.

Allí también los vecinos tomaron la iniciativa e intentan generar una participación masiva de la población para discutir el proyecto minero especialmente desde que se reveló que la explotación se asentaría en un sitio donde hay un reserva de agua.

La presión sobre los municipios comienza a dar sus frutos: hacia fines de 2007, los consejos deliberante de tres localidades serranas -Villa del Totoral, Capilla del Monte y Villa Giardino- aprobaron sendas ordenanzas que prohíben la minería metalífera química a cielo abierto en el ámbito territorial municipal.

En tanto, las gestiones que realiza el Gobierno provincial son fuertemente cuestionadas “por favorecer la instalación de mineras en zonas turísticas”, sostienen los habitantes de las comunidades involucradas.

La enemistad entre los lugareños y las autoridades debe rastrearse en el rechazo a la propuesta presentada por la Dirección de Patrimonio Cultural de conformar una zona de exclusión de explotación minera para preservar yacimientos arqueológicos en el noroeste cordobés, medida que fue desechada de plano por la Secretaría de Minería de Córdoba argumentando que se paralizaría la actividad económica en la región.

Pero la toma de conciencia es cada vez más fuerte y quizá por eso los vecinos continúan sus reuniones periódicas durante el verano. El próximo encuentro será en la Escuela de Ongamira el 19 de enero en el marco de la Asamblea General para seguir profundizando una lucha que pretenden extender a toda la provincia.

Fuente: http://www.todastuscosas.com/2008/01/15/rechazan-la-mineria-a-cielo-abierto-en-cordoba/

Beneficiarios ponen en jaque un plan de viviendas sociales en Córdoba

Por Sebastián Sigifredo

Para paliar el problema del déficit habitacional, el gobierno provincial se propuso erradicar las villas miserias de la capital con la creación del programa de viviendas sociales Mi Casa/Mi Vida. Con el objetivo de otorgar casas de calidad a los sectores carenciados, en particular a quienes habitan zonas inundables, se gestó la construcción de unos 25 barrios logrando que más de 20 mil personas fueran trasladadas hacia la periferia. Los pobladores revelan que las promesas de mejora en la calidad de vida no se concretaron y emprenden el regreso a sus antiguas localizaciones.

Los barrios-ciudades, ubicados en su mayoría tras el anillo de circunvalación que rodea a la capital, carecen de continuidad con el resto de la ciudad y se encuentran poco conectados con la infraestructura ciudadana, tanto en lo que se refiere al transporte público como al sistema cloacal o al servicio de recolección de residuos.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -principal financista del programa de viviendas- publicado a mediados de 2007 da cuenta del estado “deficiente” de las cloacas, los problemas de adaptación de las familias al nuevo entorno y la falta de transporte (más del 60 por ciento no tiene línea de colectivos que tomar).

El nuevo modelo de ciudad que se proyecta, marcado por la desigualdad social, deviene en la partición del territorio con la pobreza localizada en áreas periféricas.

Sin embargo, la cuestión laboral es la principal dificultad con la que deben lidiar los pobladores de las nuevas localizaciones. Al estar fuera del circuito formal, los habitantes de las villas desarrollaban su vida económica en relación a los barrios aledaños.

Los traslados incidieron en la pérdida de ingresos económicos dado que tanto las mujeres que trabajan en el servicio doméstico como los hombres que hacían trabajos esporádicos en zonas adyacentes a la villa se ven imposibilitados de reemplazar esa red relacional de la que gozaban.

La gravedad de la situación se cristaliza en los indicadores sociales. El 80 por ciento de los beneficiarios de Mi Casa/Mi Vida recibe un programa social como principal ingreso familiar, según datos oficiales del Ministerio de la Solidaridad.

Los habitantes de los barrios-ciudades, en tanto, reclaman que les prometieron la posibilidad de una vida mejor pero el programa no contempló la integración de las familias a los circuitos regulares de trabajo, lo que aumentó su vulnerabilidad y dependencia de la ayuda estatal.

Actualmente, sólo en las villas donde existe una identidad arraigada, fruto del trabajo de las organizaciones populares y los comedores comunitarios, algunos pobladores han resistido con éxito los traslados.

En el caso de Villa La Maternidad, ubicada a escasas cuadras del centro, un grupo de familias puso en tela de juicio al programa del gobierno reclamando la propiedad de la tierra que habitan y la mejora de la infraestructura del lugar.

A pesar de las presiones para hacer el traslado, lograron resistir y firmaron un convenio con el Ministerio de la Solidaridad para que la gente pueda quedarse en la zona y se le construyan casas dignas.

El problema, no obstante, está lejos de resolverse: las contradicciones se hacen evidentes cuando algunas familias entienden que con sólo la vivienda no alcanza para vivir en los barrios-ciudades y emprenden el regreso a la villa que los vio partir.

Hacia noviembre de 2007 se conoció que medio centenar de familias del barrio-ciudad Ciudad de Mis Sueños había abandonado su casa y regresado a Villa La Maternidad. No serían los únicos ya que varios de los pobladores que se quedaron afirman que volverían a sus villas.

Distantes de donde podían ganarse el sustento, aislados e insertos en un contexto donde cada sector se las arregla como puede, los beneficiarios del programa vieron derrumbarse las redes de solidaridad que los contenían y el regreso a sus antiguos hogares parece ser sólo cuestión de tiempo.

Fuente: http://www.todastuscosas.com/2008/01/08/beneficiarios-ponen-en-jaque-un-plan-de-viviendas-sociales-en-cordoba/

Ecuador, en la encrucijada

El país andino pugna por superar la inestabilidad endémica de los últimos años a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para "refundar la República". Mientras tanto, el establishment - que no ve con buenos ojos la simpatía hacia Venezuela y Cuba- se muestra reticente a abandonar sus privilegios y las tensiones vuelven a aflorar.

Sebastián Sigifredo.

Ecuador atraviesa uno de los períodos más convulsionados de su historia. En la última década se sucedieron administraciones de diversa extracción pero que se parecían demasiado entre sí: ninguna logró dar respuesta a las demandas de una población pauperizada y con escaso margen de movilidad social.

El descontento popular fue in crescendo mientras el poder observaba atónito lo que pasaba en las calles, sin siquiera atinar a escuchar los reclamos que se multiplicaban día a día. Cuando la insurrección popular barrió con el presidente Jamil Mahuad (2000), hacia tiempo que el desgobierno se había instalado en Quito.

Los clamores de cambio fueron entonces capitalizados por el coronel Lucio Gutiérrez, que llegó a la presidencia en 2002 de la mano de los movimientos sociales y los pueblos originarios.

No obstante, el idilio duró poco: Gutiérrez se decidió por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un programa de ajuste estructural, la alineación con Washigton y Bogotá y un pacto con la derecha dura, el Partido Social Cristiano (PSC).

El panorama se tornaba confuso porque la traición del coronel fue seguida de una caótica fragmentación de los sectores progresistas. Pero el 20 de abril de 2005 es el propio Gutiérrez quien es derrocado por la calle. Lo reemplaza el vicepresidente Alfredo Palacios y éste pone en funciones a Rafael Correa en el Ministerio de Economía.

Las medidas que pretendió adoptar para cambiar el rumbo de la política económica no fueron bien recibidas en los círculos de poder y Correa debió renunciar. Desde entonces se puso a la cabeza de Alianza País, una amalgama de diversas tendencias progresistas.

En un contexto de inestabilidad creciente, la emergencia de Correa como candidato a la presidencia generó renovadas expectativas. El programa de gobierno de Alianza País rescataba del ostracismo las aspiraciones de los movimientos sociales e indigenistas, plateando entre otras, la exigencia de una reforma agraria y una Asamblea Constituyente, rechazo al Plan Colombia y los Tratados de Libre Comercio (TLC), impulso a la educación y la salud y motorización de la economía nacional.

A poco de acceder al poder, Correa intenta desmarcarse de la relación asfixiante que el país mantiene con Estados Unidos virando el eje de la política exterior hacia los gobiernos latinoamericanos. Las simpatías hacia Venezuela y Bolivia, que se traducen en un aumento de los vínculos políticos y económicos, son un signo de los aires de cambio que respira Ecuador.

En tal sentido, el contundente respaldo conseguido en las urnas para convocar elecciones y designar una Asamblea Constituyente que permita “refundar la República” (81% voto por el Sí), se erigió como el primer paso en la senda trazada por el nuevo gobierno ecuatoriano para llevar adelante su plataforma electoral.

Sin embargo, las reticencias de los partidos tradicionales a sumarse al proceso en consonancia con la presión interna y externa que ejercen los grupos oligárquicos que se benefician con el actual modelo de acumulación, son un botón de muestra de la complejidad que reviste el escenario político-social en el país andino.

Ecuador, atravesado por la dolarización, está postrado en la pobreza. La economía naufraga entre la concentración de las esferas vinculadas a la importación, la extracción de hidrocarburos y las remesas que envían los emigrantes a sus familias para apuntalar los alicaídos ingresos.

La necesidad de transformaciones copernicanas se palpa en los poblados, en la selva y la espesura. ¿Estará dispuesta la corporación política a asumir como propias las demandas de la ciudadanía o se avecina otra etapa de turbulencias?

Una tarea nada fácil, pero que podría comenzar si se cristalizan los proyectos que anuncia el nuevo gobierno.

Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/El-Mundo/Ecuador,-en-la-encrucijada

Muros contra el diálogo

En tiempos de flexibilización en la circulación de flujos de capitales, los desarraigados sufren dificultades crecientes para atravesar las fronteras y buscar un futuro mejor. Los muros pululan como estandartes de la intolerancia en las ciudades, entre países y continentes.

Sebastián Sigifredo.

Paredes de concreto pululan por los centros urbanos y en sus márgenes dividiendo comunidades. Un fenómeno que no es exclusivo del llamado ‘tercer mundo’ y que cobra fuerza a medida que se profundiza la desigualdad social.

También en el Norte, ricos y pobres viven en guetos, desconectados del afuera, dejando al descubierto la estentórea fragmentación que aqueja a las ciudades.

Sin embargo, la exclusión llevada al paroxismo trasciende a las naciones. Los países desarrollados, haciendo oídos sordos a las demandas de cambio del sistema-mundo en su configuración neoliberal, aplican cada vez más el ‘apartheid social’ fronteras afuera.

Y allí están los muros para atestiguar el eterno retorno de la historia, el resurgir de la intolerancia ¿Esa es la respuesta que ofrecen los países centrales a los desafíos planteados por la crisis del capitalismo tardío?

La desesperación hace mella en los desposeídos y ellos, a pesar de los obstáculos, no claudicarán en el sueño de alcanzar la tierra prometida.

Entonces, ¿de qué sirven las fortalezas que se erigen al margen del Río Grande entre Estados Unidos y México, en Melilla repeliendo a los emigrantes magrebíes que intentan ingresar a la Unión Europea o en Palestina sitiando a las aldeas de un país que aún no nació?

En un mundo con inestabilidad creciente, la intolerancia no hace más que exacerbar las tensiones. Mientras tanto, el sendero del diálogo, que permite tender puentes y sembrar solidaridades, espera ser surcado nuevamente por la comunidad internacional.

Fecha de publicación: 28/02/07

Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/El-Mundo/Muros-contra-el-dialogo

Recursos para hoy, accidentes para mañana

El municipio de Villa María aplica un controvertido criterio al extender la licencia de conducción que parece privilegiar la recaudación relegando la seguridad vial al baúl de los recuerdos. Exámen accesible, trámite de rápida resolución y efectivo en el acto abren la posibilidad a que un conductor inexperto obtenga un ‘cheque en blanco’ sobre cuatro ruedas. De eso da cuenta el testimonio de nuestro periodista ciudadano tras superar con éxito la prueba de manejo para principiantes en esa localidad del interior cordobés. Justo cuando la Presidencia de la Nación presentó su plan de seguridad vial.

Sebastián Sigifredo.

La obtención de la licencia de conducir consiste en un simple trámite burocrático en Villa María. El periplo se inicia en una dependencia administrativa con la entrega de un formulario y un número. A continuación, lo de siempre: datos personales, antecedentes médicos, etc. El 38 podría indicar prudencia al momento de la espera pero no fue así.

Tan sólo cinco minutos después la bioquímica del lugar mi invita a pasar y selecciona el pulgar para el pinchazo que revelará mi grupo sanguíneo. La módica suma de quince pesos que debí abonar fue a título personal -estimo- porque no entrega factura alguna con la constancia correspondiente.

Claro que podía realizar ese paso en un consultorio particular, como indican los carteles informativos, pero la comodidad de hacer todo en el mismo sitio resulta muy tentadora.

Luego será el turno del oftalmólogo: un control de rutina que supero decorosamente. Foto, verificación final de datos y el encuentro con la inspectora.

-“El manual del conductor”, me solicita extendiendo el brazo.

Lo abre en las páginas finales donde constan “algunas preguntas del examen oficial”. Arranca dos hojas, devuelve el cuadernillo y regresa sobre sus pasos.

El manual tiene un costo de cinco pesos y, en teoría, se debe concurrir a la dependencia preparado para rendir la habilitación. Con sorpresa descubro que la prueba se reduce a esas dos hojas de opción múltiple que completara en mi domicilio…durante el proceso de aprendizaje y con todas las posibilidades de fraguar los resultados.

Nunca conocí cual fue el destino de aquellas hojas porque a continuación reapareció la agente para el examen de manejo y el asunto concluyó allí.

Acto seguido, la inspectora me acompañó en el auto mientras comentaba que fiscaliza unas veinte personas por jornada.

-“Lo demás (la mayoría) son renovaciones”, aclara.

Una vuelta a la manzana, sin control de estacionamiento, sin corroborar señales indicadoras o normas viales, a eso se reduce la verificación para determinar la ‘aptitud’ de un vecino que pretende conducir un automotor en Villa María, uno de los principales centros urbano de la provincia de Córdoba, con una tasa de siniestralidad que cualquier otra ciudad preferiría evitar.

Minutos después, y previo pago de 65 pesos, el municipio me brinda el salvoconducto por el término de cinco años, una celeridad que recuerda a las empresas financieras cuando “regalan” tarjetas de crédito.

La primacía del interés recaudatorio sobre la seguridad vial evidencia hacia donde avanzan las prioridades de un Estado reducido a caja registradora. Entonces ¿Por qué el asombro ante las crónicas periodísticas sobre catastróficos accidentes si, entre otros hechos inverosímiles, se entregan cheques en blanco a conductores inexpertos bajo la silente complacencia de un cuerpo social que prefiere hacer la vista gorda en situaciones irregulares?

Todavía ausente en los contenidos curriculares de la escuela, la educación vial sigue siendo una materia pendiente para los gobiernos. El examen de conducción para principiantes es, quizá, la principal y única instancia donde deben aprenderse las normas y convenciones que regulan el alicaído sistema de transporte nacional y los principios que rigen la seguridad vial. Al vaciarlo de contenido y alterar su significación deviene en una bomba de tiempo que explota cada día en nuestras rutas argentinas.

07/02/08

Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/Recursos-para-hoy,-accidentes-para-manana

Las torres de la discordia

El complejo habitacional Cooppar se erige en el corazón de Güemes, un histórico barrio de la capital cordobesa. Consta de tres imponentes torres ubicadas en avenida Pueyrredón, entre calles Arturo M. Bas y Corro. Desde el exterior, nada indica que las más de mil personas que allí residen llevan una vida diferente a la de otros consorcios.

Sebastián Sigifredo.

Ascensores que no funcionan, matafuegos que desaparecen, paredes deterioradas; todo parece configurar un entramado de abandono y dejadez. ¿Cómo se llegó a ésta situación?

El plan de viviendas fue gestionado por la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Cooppar Limitada, a través del Banco Hipotecario Nacional, a principios de los años 90’. A partir del lanzamiento del programa, muchas familias de clase media se sumaron a la propuesta tentadas por la idea de conseguir el techo propio en cuotas que no superaban la de un alquiler estándar.

Pero las obras atravesaron serios inconvenientes dado que la empresa que inició las tareas se desentendió del proyecto antes de haber edificado el 10 por ciento del complejo. La construcción se paralizó hasta que Estilo SA tomó a su cargo la finalización de las torres. Ubicados en el corazón de barrio Güemes, sobre avenida Pueyrredón, entre las calles Arturo M. Bas y Corro.

La entrega de las unidades se realizó en 1997, mucho tiempo después del plazo original, lo que acrecentó la bronca y desconfianza de los adjudicatarios hacia Cooppar. Sin embargo, algunos sectores de las edificaciones quedaron sin concluir, como es el caso de las cocheras del subsuelo. Allí, los techos no fueron revestidos y aún hoy puede observarse la estructura interna de la edificación. En la superficie quedaron incluso el armado de vigas y soportes para los cimientos de otra de las torres a ser construidas, ya que en un principio iban a ser cinco edificios, con espacios verdes y deportivos.

Desde entonces, la enemistad de buena parte de los vecinos con la administración fue el signo que marcó a fuego la historia del consorcio.

Desde Cooppar admiten que en los primeros años hubo irregularidades atribuibles a la escasa experiencia de los integrantes de la administración. Y señalan que existe buena voluntad para sacar adelante el consorcio. “Es difícil seguir cuando hay un 50% de morosos en las expensas. Las magros ingresos apenas alcanzan para pagar sueldos, la luz, cuotas de impuestos atrasados y algunos arreglos”, explicó Daniel Rabal, protesorero de Cooppar.



Tampoco entre los vecinos del complejo existen posiciones unificadas. La primera brecha separa a los adjudicatarios -que tienen títulos precarios y luchan por la escritura definitiva- de los inquilinos, normalmente menos comprometidos en el proceso por su carácter de ocupantes transitorios. Las diferencias con la administración llevaron, incluso, a que un grupo de vecinos decidiera no abonar más las expensas. Argumentan su postura afirmando que si no “se hacen mejoras, para qué despilfarrar nuestro dinero”.

Otro conjunto de vecinos decidió en cambio poner manos a la obra con el fin de mejorar el estado general de las torres. A través de la creación de comisiones internas, constituidas por vecinos que trabajan de manera desinteresada, se produjeron importantes avances: mejoras en la iluminación, mantenimiento de ascensores, colocación de matafuegos, luces de emergencia y señalética, puesta en marcha de dispositivos de seguridad, etc.

Pero todo ello, que se consiguió con tanto esfuerzo, comenzó a degradarse al poco tiempo. En la actualidad las paredes lucen sucias y rayadas, algunos matafuegos ya no están, los ascensores funcionan a duras penas y las comisiones de trabajo languidecen.
Una serie de episodios desafortunados ilustra la difícil situación que afecta al complejo habitacional: en el 2004, un niño de nueve años salvó su vida de milagro cuando al intentar abordar el ascensor, éste arrancó con la puerta abierta. La solidaridad de los vecinos y la rápida acción del Grupo Especial de Salvataje (GES) de la Policía de Córdoba evitaron que el niño cayera al vacío desde un octavo piso. En 2005, durante 72 horas, Epec (Empresa Provincial de Energía Eléctrica), interrumpió el suministro de energía eléctrica en los espacios comunes de los tres edificios debido a la abultada deuda del consorcio con la empresa. La medida fue revertida luego de tensas negociaciones y la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia Federal.

También en 2005, los vecinos de la Torre Uno debieron autoevacuarse -por no contar con matafuegos- luego de que un incendio desatado en el depósito de basura del subsuelo amenazó con extenderse al resto del edificio. Los daños ocasionados entonces fueron mínimos gracias a la efectiva intervención de una dotación de bomberos.

El hecho de que los adjudicatarios aún no cuenten con la escritura de sus inmuebles pese a que transcurrieron ya 10 años de la fecha de entrega de los departamentos, entre otras razones obedece a que el complejo no cuenta con final de obra. Así lo confirmó el Subsecretario de Obras Privadas y Uso del Suelo municipal, Ernesto Marangello, quien señaló que "el proyecto de obra fue presentado y aprobado en su momento pero no tiene final de obra. Nunca más entregaron la documentación respectiva". Aclaró también que no cuenta la "obra de arte obligatoria" y que se han detectados "problemas con el mantenimiento de los ascensores", que por esto la administración fue emplazada y al día de ayer, aún no habían presentaron la documentación requerida.

A fin de cuentas, la desidia sigue intacta. La inestabilidad asoma en cada rincón y el compromiso de nosotros, sus habitantes, ha menguado considerablemente.

Para cambiar el mundo hay que comenzar por casa -se predica, a menudo- y aquí, en las torres de la discordia, tenemos un largo camino por recorrer.

Fecha de publicación: 18/05/07

Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/Las-torres-de-la-discordia

Los candidatos deberían incluir el mal de chagas en su agenda

El escenario preelectoral se presenta como un momento propicio para debatir una vieja enfermedad que se ensaña con los pobres. Desde el edificio anexo del Centro Nacional de Chagas, en Córdoba, aseguran que esta enfermedad aún no es "prioridad" en los programas de políticas públicas, pese a su antigüedad. Esta nota habla de eso y del doble estigma que arrastran quienes sufren esta enfermedad.

Sebastián Sigifredo.

Con voluntarismo y recursos limitados, la sede cordobesa del Centro Nacional de Chagas se encarga de la detección y tratamiento de enfermos chagásicos. Una afección ligada a la pobreza cuyos síntomas no son visibles pero que puede incluso provocar la muerte.

Nueva Córdoba alberga infinidad de edificios en altura que conviven en tensión permanente con casas bajas, algunas de ellas centenarias. Las pequeñas edificaciones lucen hoy como resabios de un tiempo que se fue y pugnan por no desaparecer bajo el avance de las topadoras, en un lucha claramente desigual.

Entre los espacios que aún resisten los embates del progreso se encuentra el edificio anexo del Centro Nacional de Chagas. Franqueado por una flamante cochera y varias torres, la modesta construcción pasa casi inadvertida para los vecinos de la zona. El inmueble cuenta con un laboratorio, un archivo con más de 25.000 historias clínicas y algunos consultorios.

Allí trabaja Rodolfo Liendo desde hace más de treinta años. Rodolfo es supervisor técnico de la Dirección de Control de Vectores y realiza su trabajo en dos planos bien diferenciados. Habitualmente desempeña funciones administrativas: otorga turnos, controla las historias clínicas, brinda información de servicios y distribuye los días de atención.

Pero también participa de las campañas regulares que se efectúan en zonas rurales de nuestro país y que por su vulnerabilidad son consideradas áreas de alto riesgo para contraer la enfermedad. Su interés primordial parece estar depositado en ésta última actividad: “Es lo que me brinda grandes satisfacciones”, afirma.

Las incursiones por el interior lo llevan a parajes inhóspitos atravesando rutas intransitables, donde el agua escasea y las carencias marcan a fuego las condiciones de subsistencia de sus habitantes.

El mal de Chagas se transmite por un vector: la vinchuca, una especie de cucaracha que habita en las zonas rurales. Suele ensañarse con los más pobres que viven en casas construidas con materiales precarios. Entre los techos, muchas veces de paja y barro; en los huecos de las paredes sin revocar; entre las cajas y cartones que reposan sobre el piso de tierra; en todos estos lugares se aloja la vinchuca, que se multiplica rápidamente. De hábitos nocturnos, acostumbra picar de noche.

Santiago del Estero, El Impenetrable -Chaco- o los bosques tucumanos son los escenarios más recurrentes de las intervenciones sanitarias aunque el norte cordobés tampoco queda exento. “Río Seco, Tulumba, Villa Dolores y Cruz del Eje, entre otras, forman parte de un cordón crítico. De allí provienen el mayor número de casos de la provincia”, confirma el técnico.

“El modus operandi es simple: se detecta una demanda concreta y viajamos hacia la zona. Tomamos contacto con el agente sanitario de la región y organizamos las tareas. Durante las dos semanas subsiguientes hacemos fumigaciones en los hogares y reuniones comunitarias con actividades de concienciación”, señala.

Quien sufre el Mal de Chagas arrastra un doble estigma no sólo porque ve afectada su salud -en los casos que la enfermedad se manifiesta- sino también en la medida que se dificulta su acceso al mercado laboral.

La Ley Nacional 22.360 incluye entre los exámenes pre-elaborales el de detección del Chagas. Y tal como ocurre con el VIH/SIDA, cuando los estudios arrojan resultado positivo, se le niega el puesto al portador. Para ello las empresas recurren al archiconocido argumento de que el postulante “no reúne los requisitos del perfil solicitado”. Claro está, gracias a este mecanismo perverso la persona en cuestión jamás será informada de que convive con la enfermedad.

Se calcula que actualmente 1 de cada 13 argentinos padecería la afección. De esos 3 millones de personas que componen el total, 500.000 serían enfermos crónicos. Pero estas cifras sólo representan una estimación ya que el último relevamiento en Argentina data de 1994, año en el que se consignó en 2.300.000 la cantidad de infectados con el Trypanosoma Cruzi, el parásito que produce la enfermedad. Del total, probablemente entre un 20% y 30% contraerá graves enfermedades crónicas o digestivas. Uno de los mayores riesgos es la muerte súbita.

A pesar de que los casos agudos han disminuido, el número de contagios se mantiene estable y en ello una cuota importante de responsabilidad recae sobre la discontinuidad de los programas de control. “Tal como están planteadas las cosas, los avances son parciales. Desde el Centro realizamos intervenciones muy localizadas espacialmente y durante un período de tiempo relativamente breve. Sin embargo las acciones no dan los frutos esperados porque cuando nos retiramos ningún nivel del Estado continúa las tareas de seguimiento”, asegura Liendo.

La poca visibilidad de que goza el Mal de Chagas se contrapone con el cuantioso número de infectados, cifra que supera ampliamente a las personas con VIH. Ocurre que, por un lado, no es prioridad en los programas de políticas públicas. Por otro, no adquiere visibilidad porque afecta a un sector de la sociedad que carece de los recursos para instalar el problema en la agenda pública. Y los pobres, esparcidos además en áreas rurales, no tienen demasiada posibilidad de ejercer presión.

Un dato para el asombro ilustra la situación: aunque el Centro cuenta con un electrocardiógrafo en perfectas condiciones de uso, el mismo está inutilizado. ¿Por qué? El personal que estaba designado en dicha función ya se jubiló y no se volvió a nombrar otro agente para reemplazarlo. Esto obliga a los pacientes a realizarse los electrocardiogramas en otros centros de salud.

El Chagas seguirá siendo un tema sin resolver hasta que no se implemente otro tipo de políticas sanitarias, sociales y legislativas. Acaso el escenario preelectoral sea el momento oportuno para iniciar el debate.

Fecha de publicación: 28/07/07

Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/Los-candidatos-deberian-incluir-el-mal-de-chagas-en-su-agenda

El juego que empobrece el interior

Desde la radicación de los juegos de azar, Río Cuarto y Villa María no sólo no recogen mayores divisas por turismo sino que experimentan la pauperización de amplios sectores de su población y un aumento de ludópatas. La concentración de la riqueza se profundiza ante la indiferencia de los gobernantes de turno mientras los vecinos ensayan estrategias para repeler los estragos que genera el juego compulsivo.

Sebastián Sigifredo.

La pampa gringa se desangra económicamente. Y no nos referimos al proceso de concentración de la tierra o la implantación del monocultivo sojero sino a los juegos de azar. Una “industria” sin chimeneas que se alimenta a sol y sombra con jugosos ingresos y parece no reconocer límites. Bajo la modalidad de casinos y tragamonedas, se ha convertido en una poderosa fuente de transferencia de capitales que profundiza las desigualdades y corroe el tejido social.

El actual estado de cosas debe su origen a una peculiar estrategia del gobierno provincial para posicionar a Córdoba como “un polo de atracción turística de nivel nacional e internacional”.

Tras el fracaso del proceso de privatización de los juegos de azar, el gobernador De la Sota a través del Decreto 1344 del 28 de agosto de 2002 convocó a una nueva licitación para la instalación y explotación de máquinas tragamonedas.

En tan sólo seis meses se firmaría el contrato con el Grupo Roggio a través de la empresa Concesionaria de Entretenimientos y Turismo S.A. (CET), un verdadero récord considerando la situación política y económica que atravesaba entonces el país.

La experiencia de los slots en dos de los municipios más populosos del interior provincial permite hacer un balance parcial de los resultados alcanzados hasta el momento en distritos que no registran antecedentes directamente vinculados con la explotación turística y menos aún bajo éstas características.

En todo caso, tanto Río Cuarto como Villa María siempre se distinguieron por ser importantes productoras de materias primas y por la incipiente industria agroalimentaria que intenta darle valor agregado a esa producción.

En Villa María. Las máquinas tragamonedas funcionan en Villa María desde agosto de 2003. La primera sala se instaló frente a la plaza más céntrica de la ciudad, a la que en diciembre de 2006 se le agregó otra con la inauguración del hotel-casino Howard Johnson. Por entonces, la ciudad llegó a contar con 390 slots ubicándose en el segundo lugar de la provincia, luego de Villa Carlos Paz.

Con el paso del tiempo la ciudad se convulsionó. Los casos de bancarrota y crisis familiares arreciaron, con pérdidas totales para algunas personas. Los reclamos de organizaciones empresarias, sindicales y otras, del campo social y religioso, no se hicieron esperar. El CET debió ceder ante la presión popular y la sala céntrica cerró sus puertas a comienzos de junio.

Para las slots de Villa María, el CET declaró ingresos por 49.592.000 pesos en el periodo enero de 2004-diciembre de 2006. Según lo publicado por el diario del Centro del País, la suma referida es el equivalente al 15% de los ingresos y, por tanto, debió haber pagado un 85% en premios, es decir 281.021.333 pesos en el intervalo señalado. De lo que resulta un promedio de recaudación de 314.870 pesos diarios y un pago de premios aproximado de 267.639 pesos.

A la luz de los magros resultados que manifiestan los apostadores, todo hace pensar que los premios que se pagan representan un porcentaje muy por debajo de la obligación contractual.

La sospecha de abusos respecto a los premios tiene un antecedente que ensombrece la reputación del CET. Carlos Colazo, titular de la cátedra de Probabilidad y Estadística de la Universidad Tecnológica Nacional regional Villa María, realizó en 2006 un estudio estadístico develando el porcentaje de premios que arrojan algunas máquinas tragamonedas en esa ciudad. Luego de evaluar durante tres meses a cinco slots, el profesional llegó al resultado de que cada 100 pesos que se jugaban, las tragamonedas devolvían 7, según publicó El Diario del centro del país.

Sin embargo, el reglamento de máquinas de juego de la Lotería de la Provincia establece en su artículo 3.3.1. “Todas las máquinas de juego deben pagar un porcentaje matemáticamente demostrable de todas aquellas sumas apostadas, que no debe ser menor del 85%...”. La presunta irregularidad fue denunciada ante la Justicia y desnuda una realidad silenciada: que el Estado no controla lo que sucede puertas adentro de las salas.

El impacto de las slots es tal, que la demanda de consultas psicológicas crece de manera sostenida en Villa María. La patología más recurrente es la ansiedad, que mantiene estrecha relación con la ludopatía. La mayoría de los pacientes son personas de bajos recursos tentados por la idea de conseguir dinero rápido y fácil pero que no pueden controlar su impulso por el juego.

En Río Cuarto. Desde la apertura de la primera sala en Río Cuarto, hace casi cuatro años, algunos casos resonantes ejemplifican los estragos que generan los juegos de azar. Sin ir más lejos, el Centro de Asistencia al Suicida advirtió que durante el primer trimestre de 2007 tres personas intentaron quitarse la vida por sufrir adicción y haber contraído cuantiosas deudas.

A fines de marzo, una riocuartense de 65 años elevó un reclamo a la Defensoría del Pueblo local para que no le permitan ingresar al casino de la ciudad. En tanto que la Dirección de Protección Familiar del municipio local confirmó que recibieron varios casos de adultos que admiten no poder controlar su adicción al juego.

Un estudio realizado por los especialistas Eduardo Medina Bisiach y Elena Farah sobre los juegos de azar en Río Cuarto permitió estimar que las mujeres representan el 56% de los asistentes. Además, el 34% tienen entre 31 y 40 años. En este segmento, se detectó que un 13,7 % se encuentra en situación de riesgo por tendencias pro-adictivas y dificultad del manejo del tiempo derivado del uso continuo de juegos de azar.

En este sentido, cuando se observa cuales son los sectores sociales que concurren diariamente a jugar la expoliación adquiere su verdadera dimensión: un 25% son empleados, 15% de comerciantes, otro porcentaje similar de profesionales y un 8% definido como desocupados. También, se constató un 6% de docentes, un 8% de personas jubiladas y un 15% de estudiantes. Siempre según el estudio.

Como contrapartida, y según información difundida por el diario Puntal, los florecientes números del juego en el imperio del sur están a la vista: mientras que en diciembre de 2003 la facturación mensual del CET ascendía a 23 mil pesos, en julio pasado el monto embolsado trepó a 2,5 millones de pesos. Así, la concesionaria multiplicó 110 veces su facturación en 44 meses. Hoy recoge un promedio de 80 mil pesos diarios.

Sin embargo, tanto Córdoba como la Nación no cuentan con una legislación que atienda este flagelo social. El proyecto de ley “Prevención de la adicción al juego” busca registrar la ludopatía como enfermedad y que los hospitales públicos ofrezcan personal capacitado y tratamientos integrales. Presentado por la diputada Richter en abril de 2004, aún espera su tratamiento. El senador Pedro Salvatori, en tanto, realizó un proyecto en igual sentido ingresado en mayo de 2007 pero continúa en estudio en la comisión de salud y deporte sin fecha para dictamen.

La Unicameral también hace oídos sordos. La legisladora Ana Dressino presentó en junio de 2005 un proyecto impulsando la creación del Consejo Provincial para la Prevención y Adicción a los Juegos de Azar y la Asistencia y Rehabilitación de Personas que presenten adicción patológica a los mismos -que recientemente debió rehabilitar para evitar su caducidad-, pero continúa cajoneado.

Desde su instalación, las slots han engrosado generosamente las arcas de la subsidiaria del Grupo Roggio a costa de una expoliación monumental de las ciudades-casinos. Así, el dinero circulante se evapora y las economías regionales se deprimen. En consonancia, el número de ludópatas no deja de aumentar ante la desidia de los municipios, cuya gestión se limita a recaudar un paupérrimo 3% que la provincia coparticipa y el 1% que aporta el CET.

En ambas comunidades el deterioro del tejido social ha originado que movimientos sociales de diversa extracción intenten organizarse alcanzando resultados dispares. El poder político, en tanto, pugna por desarticular la conflictividad en procura de no “alterar” a los inversionistas.

La débil intervención de los gobiernos junto a la ausencia de una ley apropiada impone que sean los propios ciudadanos quienes tomen la iniciativa. Lo que verdaderamente está “en juego” es la supervivencia de las ciudades involucradas tal cual hoy las conocemos. Quizá en 2027, cuando expire la concesión, sea demasiado tarde.

Fecha de publicación: 29/09/07

Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/El-juego-que-empobrece-el-interior

La salud de los marginados

Atravesado por limitaciones materiales y humanas y la férrea voluntad de sus trabajadores, el centro de salud de barrio Güemes intenta dar respuesta a las demandas esenciales de los vecinos de la zona. Con el acento puesto en la esfera preventiva, los humildes pobladores reciben atención médica con un aditamento de suma importancia: la contención afectiva. Indispensable, cuando faltan elementos para la atención. Por caso, hace seis meses que Salud de la Nación no envía partidas de anticonceptivos inyectables. Y la falta de personal en algunas áreas se sufre por la buena voluntad de los trabajadores.

Sebastián Sigifredo.

Desde hace tiempo la salud pública vive una crisis permanente que de tan recurrente ya no sorprende a nadie. Las periódicas medidas de fuerza en el polo sanitario son apenas un botón de muestra dentro del cual el reclamo salarial es su cara más visible. A lo que cabe agregar la aplicación de políticas sanitarias inconsistentes, la precarización de la infraestructura, inestabilidad laboral, falta de insumos, desidia, olvido.

Sin embargo, los grandes nosocomios tienen cierta visibilidad en el espacio público que contrasta con la de los centros de salud ubicados en la periferia, o a escasa distancia del centro de la ciudad. Cierto es que el campo de acción de unos y otros es bien diferente pero no por ello menos importante.

Dependiente de la Secretaría de Salud Pública Municipal, el Centro de Atención Médica Periférica 43 está ubicado en barrio Güemes, a sólo 700 metros del Palacio 6 de Julio (Simón Bolívar al 826). Allí, el ambiente destila orden y pulcritud, apenas una pila de carpetas sobre un escritorio revela el movimiento diario. Aunque el horario de atención es de 7 a 14 el grueso de los pacientes son atendidos antes del mediodía.

Sobre el final de la sala se agrupan los consultorios. La señalética de cada puerta indica las especialidades: “Pediatría”, “Enfermería”, “Ginecología” y “Clínica Médica” (dos días a la semana la atención de esta especialidad se extiende de 7 a 14). También se alcanza a vislumbrar el sector de la cocina, lugar de reunión del personal donde se cultiva la camaradería y circula el mate de mano en mano.

José Bettolli tiene a cargo el área de ginecología y es el director del centro de salud desde noviembre de 2005. El lenguaje popular designa al lugar como el dispensario del barrio pero Bettolli reniega del término: “Es que lo asemeja a una despensa, un sitio para despachar y esto es un centro de atención médica periférica”, explica.

Desde el programa de embarazo y prenatal hasta el control del adulto sano, todas las actividades que allí se realizan giran en torno a la prevención. También se atienden algunas patologías leves de tipo ambulatorio. “En la población existe una proporción de 15 por ciento de enfermos y 85 por ciento de personas sanas, estos últimos constituyen nuestro principal objetivo”, afirma el ginecólogo.

El director considera que la difusión de los servicios que ofrecen no alcanza para que la gente se acerque masivamente. Por ello idearon una solución alternativa que consiste en utilizar a los pacientes como multiplicadores de los programas. Así, buena parte de los nuevos ingresos llegan por referencia de vecinos o familiares.

Pediatría, por caso, atiende entre 600 y 700 chicos por mes a través del Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo -incluye a los niños de hasta seis años- con un incremento del 30 por ciento de la demanda desde julio. Paradójicamente, los casos de pequeños con bajo peso están en retroceso y se comenzó a detectar problemas de obesidad en esa franja etárea.

En Ginecología, la prevención de embarazos adolescentes configura una lucha prioritaria que hasta ahora se libra con resultados desparejos. Es que frecuentemente se detectan embarazos en jóvenes de entre 15 y 17 años o mamás que no superan los 20 y ya cuentan con tres o más hijos. A Silvia Montoya, la enfermera, no le resulta fácil ensayar una respuesta al fenómeno. “Acá les ofrecemos todos los medios y sin embargo los embarazos ocurren igual. Creo que la educación o la carencia de ella tiene mucho que ver porque lo sorprendente es que, en su mayoría, son planificados”, reflexiona.

A ello se suma que el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable se aplica parcialmente: hace seis meses que el Ministerio de Salud de la Nación no envía partidas de anticonceptivos inyectables y a pesar de que el municipio las proveyó durante un tiempo, lo concreto es que las dosis disponibles se agotaron.

Perturbaciones ocupacionales
La comparación con los hospitales resulta inevitable al destacar la importancia de los centros de salud periféricos. “La despersonalización de los hospitales atenta con la calidad de la atención médica. Aquí conocemos al paciente pero también a su familia y el entorno donde desarrolla su vida, lo que permite un seguimiento más cercano de los casos”, subraya Bettolli.

Las dificultades, sin embargo, lo acercan a los grandes nosocomios. Por caso, el consultorio de Clínica Médica funciona sólo tres días por semana a razón de tres horas cada jornada. El déficit se produjo a partir de la jubilación de la profesional que ocupaba ese cargo y logra ser paliado a duras penas con una suplencia parcial.

El área administrativa, en tanto, se sostiene gracias a la buena voluntad de los trabajadores. Como no hay personal designado a tal efecto, Silvia -la enfermera- y Laura -la agente de limpieza- se reparten las tareas para que la ausencia sea menos notoria.

Entre los desafíos más urgentes que se plantean en el centro de salud de Güemes se encuentra la pelea contra la cultura de la dádiva. A pesar del voluntarismo, los médicos reconocen que la imagen de la institución se asemeja más a la de un maxikiosco o una farmacia que lo que verdaderamente representa.

La leche para los pequeños, los anticonceptivos a la mamá, el antibiótico para el padre o la abuela y hasta las aspirinas forman parte del repertorio de pedidos diarios. Podría pensarse que ello significa un avance en la reivindicación de derechos conculcados en otros ámbitos de la vida a los marginados. Para los médicos la explicación tiene raigambre cultural.

“La solicitud de medicamentos y otros elementos muchas veces no responde a una necesidad concreta. A menudo vienen a retirar lo que sea por el sólo hecho de saber que se entrega algo gratuitamente”, sostiene Gladys Fernández, la pediátra.

También hay lugar para las pequeñas satisfacciones. Durante una de mis incursiones llegó una mujer visiblemente agitada buscando al ginecólogo. “Usted me atendía en el dispensario de barrio Oña”, alcanzó a balbucear la señora intentando explicar a Bettolli porqué se trasladó más de 50 cuadras para localizarlo. Si bien hace dos años que fue transferido a Güemes, Bettolli aún es recordado en barrio Oña. En una sociedad acostumbrada al olvido, eso no es poca cosa.

El presente pertenece al dossier de artículos del autor publicados durante 2007/2008 en el sitio www.sosperiodista.com.ar

Fecha de publicación: 27/10/07

Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/La-salud-de-los-marginados

Vecino de Villa El Libertador enfrenta a dos tabacaleras

El presente pertenece al dossier de artículos del autor publicados durante 2007/2008 en el sitio www.sosperiodista.com.ar



Sería la única causa de este tipo en la justicia de Córdoba. José Altamirano, un humilde poblador de Villa El Libertador, no lograba superar su adicción al cigarrillo: llegó a fumar 40 puchos diarios durante más de 20 años, hasta que los médicos se lo prohibieron para seguir viviendo. Por entonces, ya le habían practicado tres by pass. Dejó el cigarrillo y emprendió una acción judicial contra las dos tabacaleras líderes de Argentina: Nobleza Piccardo y Massalin Particulares. La crónica de un juicio que está en etapa definitoria y que puede torcer el rumbo en la lucha contra el tabaquismo.

Sebastián Sigifredo.

En la Justicia Federal de Córdoba se desarrolla la única causa en la provincia -de que se tiene conocimiento- contra empresas tabacaleras. Las compañías demandadas son Nobleza Piccardo, subsidiaria de la British American Tobacco, y Massalin Particulares, firma local de la norteamericana Phillip Morris.

Hasta el momento, ninguna de las dos líderes del sector ha perdido ningún juicio en Argentina, a pesar que cada día se producen más de 110 muertes por enfermedades atribuibles al tabaco y que está científicamente probada la toxicidad del humo del cigarrillo.

En Argentina, la batalla legal contra los fabricantes de cigarrillos se desarrolla en un contexto altamente desfavorable. La primera demanda contra una tabacalera data de 1979 y desde entonces se estima en más de un centenar los reclamos individuales presentados por parte de fumadores. Pero ninguno prosperó.

Estados Unidos es el país que registra mayor cantidad de juicios contra la industria tabacalera. Hasta la década del ’80 el éxito acompañó a los fabricantes de cigarrillos al negar que el tabaco provocase enfermedades, primero, y luego con el argumento de que todos conocen los riesgos que entraña el fumar.

Hacia los ’90 se inició una nueva ola de litigios con la revelación de información confidencial de las empresas -conocían el carácter adictivo de la nicotina y los daños que provocaba el tabaco en la salud, como el cáncer de pulmón-. Además, los Estados entablaron acciones colectivas reclamando indemnizaciones por repetición de gastos médicos.

Para evitar que se concretara un proceso similar al norteamericano, en nuestro país las compañías decidieron compartir gastos millonarios en “prominentes” estudios jurídicos de Buenos Aires, con asesoramiento de expertos de sus casas matrices, lo que les permitió desarrollar una estrategia legal exitosa: no pagar un solo peso.

En tal sentido, una investigación reciente reveló que las dos grandes tabacaleras impulsaron en la década del ’90 un acuerdo para hacer fracasar las demandas iniciadas por fumadores en Argentina, mientras en Estados Unidos la industria sufría grandes derrotas.

La cautela con la cual se conducen las empresas no es casual, un mínimo traspié podría derivar en un aluvión de reclamos.

La demanda en cuestión, en la justicia de Córdoba, la inició José Miguel Altamirano, con el patrocinio de Eugenio Sigifredo y Enrique Sigifredo, en el Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba, a cargo del doctor Alejandro Sánchez Freytes.

Aunque el litigio fue iniciado en 1997 en los Tribunales provinciales, una de las tabacaleras planteó entonces el fuero federal por ser “vecino de extraña provincia”, lo que derivó en el archivo del expediente originario y que la causa recayera en la Justicia Federal hacia mayo de 2001.

Altamirano trabaja como ordenanza en el Poder Judicial de Córdoba pero no tuvo una vida fácil. Creció en uno de los barrios más populares de la ciudad -Villa El Libertador- y desde muy pequeño vendía caramelos o pedía limosnas en las esquinas céntricas. Comenzó a fumar antes de los diez años, de acuerdo al testimonio de varios testigos en la causa.

Se calcula que fumó unos 40 cigarrillos diarios durante más de 20 años de las marcas 43/70, Colorado, Marlboro y Particulares. Es decir, dedicó como mínimo unas 24.300 horas de su vida a fumar más de 292.000 cigarrillos. Ya pasó por tres by pass y tiene prohibido el cigarrillo desde hace más de una década. El diagnóstico, que consta en el expediente, indica que sufre de “miocardiopatia isquémica debido a tabaquismo crónico”. Una patología que lo acompañará por el resto de su vida.

La acción judicial se apoya sobre la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, el artículo 42 de la Constitución Nacional y las supuestas violaciones en que habrían incurrido las empresas involucradas respecto a la obligación de brindar de forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del cigarrillo. En tanto que el reclamo resarcitorio articulado por lucro cesante -la incapacidad de Altamirano- y el daño moral ocasionado ascienden a más de 250 mil pesos.

Los fabricantes de cigarrillos apuntan a la prescripción de la causa argumentando que Altamirano habría padecido “los primeros síntomas (de su enfermedad) en 1989”, al sufrir un presunto infarto, es decir “más de dos años antes de iniciar la demanda”.

La defensa asegura que “el actor conoció hace mucho tiempo que el cigarrillo es un riesgo para su salud (…) Por lo que debe computarse para el comienzo del plazo de prescripción el momento en que el actor conoció los primeros síntomas de su enfermedad”, según se desprende del expediente.

Además, las tabacaleras se amparan en la figura legal de la culpa de la víctima -artículo 1111 del Código Civil- al esgrimir que no serían responsables de los supuestos perjuicios que padece Altamirano porque éste habría asumido “libremente” el riesgo de sufrir los daños que sabía podían provocarle el consumo de cigarrillos.

Producida la clausura del período de prueba, hoy la demanda se encuentra en etapa de alegatos -instancia previa al dictado de la sentencia-, que consiste “en un resumen de la causa y una meritación de la prueba de cada parte respecto a lo que considera relevante”, afirma Eugenio Sigifredo.

La prevalencia de tabaquismo en la Argentina se encuentra entre las más altas de la región: alcanza al 38 por ciento de los hombres en edad económicamente activa, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
Respecto a los costos que insume, el Ministerio de Salud de la Nación determinó que los gastos directos de la atención médica de las enfermedades producidas por el consumo de tabaco son de casi 4900 millones de pesos al año, un monto que representa el 17,6 por ciento del total presupuestario del área.

En momentos en que el juicio ingresa en su etapa definitoria, la incertidumbre reinante no permite avizorar el desenlace pero invita a interrogarse si la Justicia avalará el pedido de prescripción solicitado por las demandadas o se detendrá a analizar la cuestión de fondo -los términos de la relación de consumo, la causalidad de los daños, la responsabilidad contractual o extra-contractual que les cabe a las empresas, etc.

La historia aún está por escribirse.



Fecha de publicación: 02/01/08

Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/Vecino-de-Villa-El-Libertador-enfrenta-a-dos-tabacaleras