El desprestigio de la clase dirigente y la escasez de respuestas certeras para encarar los problemas estructurales de la sociedad atentan contra la construcción de una democracia representativa.
Por Sebastián Sigifredo
Las elecciones legislativas definen buena parte del futuro mediato del país pero el interés de la ciudadanía en la política decae a medida que se acrecientan las distancias entre la clase dirigente y la sociedad. Ante la complejidad del escenario surgen interrogantes que merecen especial atención: ¿Qué transformaciones profundizaron la fractura entre la sociedad y la política y apuntalaron la crisis de representación? ¿Cuál fue el papel que adoptaron los actores políticos en dicho proceso?
Si bien por un lado la estabilidad lograda por las instituciones democráticas durante los últimos veinte años no tiene parragón en nuestra historia y constituye un innegable avance; por el otro, el balance que puede hacerse de estas dos décadas de gobiernos democráticos es desfavorable en los relativo a la vida cotidiana de la población.
Los partidos que gobernaron estos últimos años no lograron revertir las tendencias sociales y económicas iniciadas por la última dictadura militar. Así nuestro país es hoy más pobre, desigual e injusto de lo que era en 1976. Según Alfredo Zaiat, autor de ¿Economistas o astrólogos? La economía de los 90’, “la diferencia de ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre es una de las peores de la historia. La brecha es de 34 veces, cuando en 1975 era de 8”.
En tal sentido, los partidos que se sucedieron en el gobierno desde 1983 no mostraron una decisión clara de enfrentar las dificultades existentes y optaron por resignarse a las restricciones impuestas por los factores de poder tanto locales como globales. Más aun, la opción asumida por la mayoría de los líderes partidarios ha mezclado la resignación con un uso creciente de los recursos públicos en beneficio propio, contribuyendo de esa forma a la degradación institucional y al malestar de la ciudadanía con la política en su conjunto.
No debería sorprender, en consecuencia, encontrar que los resultados de las encuestas de opinión pública en América Latina demuestran altos niveles de insatisfacción con el desempeño de los regímenes democráticos. En general, destaca el portal Latinobarómetro, estos fluctúan entre el 40% en Perú y Bolivia y el 59% y el 62% en Colombia.
Por otra parte, la reducción del papel que el Estado juega en la regulación de la vida cotidiana, junto con sociedades cada vez más individualizadas y heterogéneas, han llevado a un descentramiento de la política, que debe ceder lugar frente a relaciones mercantiles. A ello deben agregarse dos fenómenos más que operan en igual sentido: la creciente diferenciación social y el impacto político de los medios masivos de comunicación. “Estos trasladan el lugar tradicional de la política (la calle, la plaza, lo público) llevándola a las casas de los ciudadanos, aquella esfera de lo individual e íntimo”, afirma el politólogo Juan Abal Medina (h) en su obra Los partidos políticos ¿Un mal necesario?”.
De este modo se genera lo que se define como “una democracia de la audiencia” en la que los electores se comportan como públicos cuya finalidad los políticos deben construir día a día con su accionar.
Este es el núcleo de la contemporánea crisis de representación que se exacerba en ocasión de renovar el Congreso: sociedades que son difícilmente representables y organizaciones partidarias incapaces de hacerlo que generan en los electorados apatía y distanciamiento de la política.
Como decía Max Weber, en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta una y otra vez alcanzar lo imposible. En este sentido, la pelea por acercar nuestras imperfectas instituciones de gobierno al ideal de un pueblo gobernándose asimismo será un desafío que siempre valdrá la pena encarar.
