Los candidatos deberían incluir el mal de chagas en su agenda

El escenario preelectoral se presenta como un momento propicio para debatir una vieja enfermedad que se ensaña con los pobres. Desde el edificio anexo del Centro Nacional de Chagas, en Córdoba, aseguran que esta enfermedad aún no es "prioridad" en los programas de políticas públicas, pese a su antigüedad. Esta nota habla de eso y del doble estigma que arrastran quienes sufren esta enfermedad.

Sebastián Sigifredo.

Con voluntarismo y recursos limitados, la sede cordobesa del Centro Nacional de Chagas se encarga de la detección y tratamiento de enfermos chagásicos. Una afección ligada a la pobreza cuyos síntomas no son visibles pero que puede incluso provocar la muerte.

Nueva Córdoba alberga infinidad de edificios en altura que conviven en tensión permanente con casas bajas, algunas de ellas centenarias. Las pequeñas edificaciones lucen hoy como resabios de un tiempo que se fue y pugnan por no desaparecer bajo el avance de las topadoras, en un lucha claramente desigual.

Entre los espacios que aún resisten los embates del progreso se encuentra el edificio anexo del Centro Nacional de Chagas. Franqueado por una flamante cochera y varias torres, la modesta construcción pasa casi inadvertida para los vecinos de la zona. El inmueble cuenta con un laboratorio, un archivo con más de 25.000 historias clínicas y algunos consultorios.

Allí trabaja Rodolfo Liendo desde hace más de treinta años. Rodolfo es supervisor técnico de la Dirección de Control de Vectores y realiza su trabajo en dos planos bien diferenciados. Habitualmente desempeña funciones administrativas: otorga turnos, controla las historias clínicas, brinda información de servicios y distribuye los días de atención.

Pero también participa de las campañas regulares que se efectúan en zonas rurales de nuestro país y que por su vulnerabilidad son consideradas áreas de alto riesgo para contraer la enfermedad. Su interés primordial parece estar depositado en ésta última actividad: “Es lo que me brinda grandes satisfacciones”, afirma.

Las incursiones por el interior lo llevan a parajes inhóspitos atravesando rutas intransitables, donde el agua escasea y las carencias marcan a fuego las condiciones de subsistencia de sus habitantes.

El mal de Chagas se transmite por un vector: la vinchuca, una especie de cucaracha que habita en las zonas rurales. Suele ensañarse con los más pobres que viven en casas construidas con materiales precarios. Entre los techos, muchas veces de paja y barro; en los huecos de las paredes sin revocar; entre las cajas y cartones que reposan sobre el piso de tierra; en todos estos lugares se aloja la vinchuca, que se multiplica rápidamente. De hábitos nocturnos, acostumbra picar de noche.

Santiago del Estero, El Impenetrable -Chaco- o los bosques tucumanos son los escenarios más recurrentes de las intervenciones sanitarias aunque el norte cordobés tampoco queda exento. “Río Seco, Tulumba, Villa Dolores y Cruz del Eje, entre otras, forman parte de un cordón crítico. De allí provienen el mayor número de casos de la provincia”, confirma el técnico.

“El modus operandi es simple: se detecta una demanda concreta y viajamos hacia la zona. Tomamos contacto con el agente sanitario de la región y organizamos las tareas. Durante las dos semanas subsiguientes hacemos fumigaciones en los hogares y reuniones comunitarias con actividades de concienciación”, señala.

Quien sufre el Mal de Chagas arrastra un doble estigma no sólo porque ve afectada su salud -en los casos que la enfermedad se manifiesta- sino también en la medida que se dificulta su acceso al mercado laboral.

La Ley Nacional 22.360 incluye entre los exámenes pre-elaborales el de detección del Chagas. Y tal como ocurre con el VIH/SIDA, cuando los estudios arrojan resultado positivo, se le niega el puesto al portador. Para ello las empresas recurren al archiconocido argumento de que el postulante “no reúne los requisitos del perfil solicitado”. Claro está, gracias a este mecanismo perverso la persona en cuestión jamás será informada de que convive con la enfermedad.

Se calcula que actualmente 1 de cada 13 argentinos padecería la afección. De esos 3 millones de personas que componen el total, 500.000 serían enfermos crónicos. Pero estas cifras sólo representan una estimación ya que el último relevamiento en Argentina data de 1994, año en el que se consignó en 2.300.000 la cantidad de infectados con el Trypanosoma Cruzi, el parásito que produce la enfermedad. Del total, probablemente entre un 20% y 30% contraerá graves enfermedades crónicas o digestivas. Uno de los mayores riesgos es la muerte súbita.

A pesar de que los casos agudos han disminuido, el número de contagios se mantiene estable y en ello una cuota importante de responsabilidad recae sobre la discontinuidad de los programas de control. “Tal como están planteadas las cosas, los avances son parciales. Desde el Centro realizamos intervenciones muy localizadas espacialmente y durante un período de tiempo relativamente breve. Sin embargo las acciones no dan los frutos esperados porque cuando nos retiramos ningún nivel del Estado continúa las tareas de seguimiento”, asegura Liendo.

La poca visibilidad de que goza el Mal de Chagas se contrapone con el cuantioso número de infectados, cifra que supera ampliamente a las personas con VIH. Ocurre que, por un lado, no es prioridad en los programas de políticas públicas. Por otro, no adquiere visibilidad porque afecta a un sector de la sociedad que carece de los recursos para instalar el problema en la agenda pública. Y los pobres, esparcidos además en áreas rurales, no tienen demasiada posibilidad de ejercer presión.

Un dato para el asombro ilustra la situación: aunque el Centro cuenta con un electrocardiógrafo en perfectas condiciones de uso, el mismo está inutilizado. ¿Por qué? El personal que estaba designado en dicha función ya se jubiló y no se volvió a nombrar otro agente para reemplazarlo. Esto obliga a los pacientes a realizarse los electrocardiogramas en otros centros de salud.

El Chagas seguirá siendo un tema sin resolver hasta que no se implemente otro tipo de políticas sanitarias, sociales y legislativas. Acaso el escenario preelectoral sea el momento oportuno para iniciar el debate.

Fecha de publicación: 28/07/07

Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/Los-candidatos-deberian-incluir-el-mal-de-chagas-en-su-agenda

El juego que empobrece el interior

Desde la radicación de los juegos de azar, Río Cuarto y Villa María no sólo no recogen mayores divisas por turismo sino que experimentan la pauperización de amplios sectores de su población y un aumento de ludópatas. La concentración de la riqueza se profundiza ante la indiferencia de los gobernantes de turno mientras los vecinos ensayan estrategias para repeler los estragos que genera el juego compulsivo.

Sebastián Sigifredo.

La pampa gringa se desangra económicamente. Y no nos referimos al proceso de concentración de la tierra o la implantación del monocultivo sojero sino a los juegos de azar. Una “industria” sin chimeneas que se alimenta a sol y sombra con jugosos ingresos y parece no reconocer límites. Bajo la modalidad de casinos y tragamonedas, se ha convertido en una poderosa fuente de transferencia de capitales que profundiza las desigualdades y corroe el tejido social.

El actual estado de cosas debe su origen a una peculiar estrategia del gobierno provincial para posicionar a Córdoba como “un polo de atracción turística de nivel nacional e internacional”.

Tras el fracaso del proceso de privatización de los juegos de azar, el gobernador De la Sota a través del Decreto 1344 del 28 de agosto de 2002 convocó a una nueva licitación para la instalación y explotación de máquinas tragamonedas.

En tan sólo seis meses se firmaría el contrato con el Grupo Roggio a través de la empresa Concesionaria de Entretenimientos y Turismo S.A. (CET), un verdadero récord considerando la situación política y económica que atravesaba entonces el país.

La experiencia de los slots en dos de los municipios más populosos del interior provincial permite hacer un balance parcial de los resultados alcanzados hasta el momento en distritos que no registran antecedentes directamente vinculados con la explotación turística y menos aún bajo éstas características.

En todo caso, tanto Río Cuarto como Villa María siempre se distinguieron por ser importantes productoras de materias primas y por la incipiente industria agroalimentaria que intenta darle valor agregado a esa producción.

En Villa María. Las máquinas tragamonedas funcionan en Villa María desde agosto de 2003. La primera sala se instaló frente a la plaza más céntrica de la ciudad, a la que en diciembre de 2006 se le agregó otra con la inauguración del hotel-casino Howard Johnson. Por entonces, la ciudad llegó a contar con 390 slots ubicándose en el segundo lugar de la provincia, luego de Villa Carlos Paz.

Con el paso del tiempo la ciudad se convulsionó. Los casos de bancarrota y crisis familiares arreciaron, con pérdidas totales para algunas personas. Los reclamos de organizaciones empresarias, sindicales y otras, del campo social y religioso, no se hicieron esperar. El CET debió ceder ante la presión popular y la sala céntrica cerró sus puertas a comienzos de junio.

Para las slots de Villa María, el CET declaró ingresos por 49.592.000 pesos en el periodo enero de 2004-diciembre de 2006. Según lo publicado por el diario del Centro del País, la suma referida es el equivalente al 15% de los ingresos y, por tanto, debió haber pagado un 85% en premios, es decir 281.021.333 pesos en el intervalo señalado. De lo que resulta un promedio de recaudación de 314.870 pesos diarios y un pago de premios aproximado de 267.639 pesos.

A la luz de los magros resultados que manifiestan los apostadores, todo hace pensar que los premios que se pagan representan un porcentaje muy por debajo de la obligación contractual.

La sospecha de abusos respecto a los premios tiene un antecedente que ensombrece la reputación del CET. Carlos Colazo, titular de la cátedra de Probabilidad y Estadística de la Universidad Tecnológica Nacional regional Villa María, realizó en 2006 un estudio estadístico develando el porcentaje de premios que arrojan algunas máquinas tragamonedas en esa ciudad. Luego de evaluar durante tres meses a cinco slots, el profesional llegó al resultado de que cada 100 pesos que se jugaban, las tragamonedas devolvían 7, según publicó El Diario del centro del país.

Sin embargo, el reglamento de máquinas de juego de la Lotería de la Provincia establece en su artículo 3.3.1. “Todas las máquinas de juego deben pagar un porcentaje matemáticamente demostrable de todas aquellas sumas apostadas, que no debe ser menor del 85%...”. La presunta irregularidad fue denunciada ante la Justicia y desnuda una realidad silenciada: que el Estado no controla lo que sucede puertas adentro de las salas.

El impacto de las slots es tal, que la demanda de consultas psicológicas crece de manera sostenida en Villa María. La patología más recurrente es la ansiedad, que mantiene estrecha relación con la ludopatía. La mayoría de los pacientes son personas de bajos recursos tentados por la idea de conseguir dinero rápido y fácil pero que no pueden controlar su impulso por el juego.

En Río Cuarto. Desde la apertura de la primera sala en Río Cuarto, hace casi cuatro años, algunos casos resonantes ejemplifican los estragos que generan los juegos de azar. Sin ir más lejos, el Centro de Asistencia al Suicida advirtió que durante el primer trimestre de 2007 tres personas intentaron quitarse la vida por sufrir adicción y haber contraído cuantiosas deudas.

A fines de marzo, una riocuartense de 65 años elevó un reclamo a la Defensoría del Pueblo local para que no le permitan ingresar al casino de la ciudad. En tanto que la Dirección de Protección Familiar del municipio local confirmó que recibieron varios casos de adultos que admiten no poder controlar su adicción al juego.

Un estudio realizado por los especialistas Eduardo Medina Bisiach y Elena Farah sobre los juegos de azar en Río Cuarto permitió estimar que las mujeres representan el 56% de los asistentes. Además, el 34% tienen entre 31 y 40 años. En este segmento, se detectó que un 13,7 % se encuentra en situación de riesgo por tendencias pro-adictivas y dificultad del manejo del tiempo derivado del uso continuo de juegos de azar.

En este sentido, cuando se observa cuales son los sectores sociales que concurren diariamente a jugar la expoliación adquiere su verdadera dimensión: un 25% son empleados, 15% de comerciantes, otro porcentaje similar de profesionales y un 8% definido como desocupados. También, se constató un 6% de docentes, un 8% de personas jubiladas y un 15% de estudiantes. Siempre según el estudio.

Como contrapartida, y según información difundida por el diario Puntal, los florecientes números del juego en el imperio del sur están a la vista: mientras que en diciembre de 2003 la facturación mensual del CET ascendía a 23 mil pesos, en julio pasado el monto embolsado trepó a 2,5 millones de pesos. Así, la concesionaria multiplicó 110 veces su facturación en 44 meses. Hoy recoge un promedio de 80 mil pesos diarios.

Sin embargo, tanto Córdoba como la Nación no cuentan con una legislación que atienda este flagelo social. El proyecto de ley “Prevención de la adicción al juego” busca registrar la ludopatía como enfermedad y que los hospitales públicos ofrezcan personal capacitado y tratamientos integrales. Presentado por la diputada Richter en abril de 2004, aún espera su tratamiento. El senador Pedro Salvatori, en tanto, realizó un proyecto en igual sentido ingresado en mayo de 2007 pero continúa en estudio en la comisión de salud y deporte sin fecha para dictamen.

La Unicameral también hace oídos sordos. La legisladora Ana Dressino presentó en junio de 2005 un proyecto impulsando la creación del Consejo Provincial para la Prevención y Adicción a los Juegos de Azar y la Asistencia y Rehabilitación de Personas que presenten adicción patológica a los mismos -que recientemente debió rehabilitar para evitar su caducidad-, pero continúa cajoneado.

Desde su instalación, las slots han engrosado generosamente las arcas de la subsidiaria del Grupo Roggio a costa de una expoliación monumental de las ciudades-casinos. Así, el dinero circulante se evapora y las economías regionales se deprimen. En consonancia, el número de ludópatas no deja de aumentar ante la desidia de los municipios, cuya gestión se limita a recaudar un paupérrimo 3% que la provincia coparticipa y el 1% que aporta el CET.

En ambas comunidades el deterioro del tejido social ha originado que movimientos sociales de diversa extracción intenten organizarse alcanzando resultados dispares. El poder político, en tanto, pugna por desarticular la conflictividad en procura de no “alterar” a los inversionistas.

La débil intervención de los gobiernos junto a la ausencia de una ley apropiada impone que sean los propios ciudadanos quienes tomen la iniciativa. Lo que verdaderamente está “en juego” es la supervivencia de las ciudades involucradas tal cual hoy las conocemos. Quizá en 2027, cuando expire la concesión, sea demasiado tarde.

Fecha de publicación: 29/09/07

Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/El-juego-que-empobrece-el-interior

La salud de los marginados

Atravesado por limitaciones materiales y humanas y la férrea voluntad de sus trabajadores, el centro de salud de barrio Güemes intenta dar respuesta a las demandas esenciales de los vecinos de la zona. Con el acento puesto en la esfera preventiva, los humildes pobladores reciben atención médica con un aditamento de suma importancia: la contención afectiva. Indispensable, cuando faltan elementos para la atención. Por caso, hace seis meses que Salud de la Nación no envía partidas de anticonceptivos inyectables. Y la falta de personal en algunas áreas se sufre por la buena voluntad de los trabajadores.

Sebastián Sigifredo.

Desde hace tiempo la salud pública vive una crisis permanente que de tan recurrente ya no sorprende a nadie. Las periódicas medidas de fuerza en el polo sanitario son apenas un botón de muestra dentro del cual el reclamo salarial es su cara más visible. A lo que cabe agregar la aplicación de políticas sanitarias inconsistentes, la precarización de la infraestructura, inestabilidad laboral, falta de insumos, desidia, olvido.

Sin embargo, los grandes nosocomios tienen cierta visibilidad en el espacio público que contrasta con la de los centros de salud ubicados en la periferia, o a escasa distancia del centro de la ciudad. Cierto es que el campo de acción de unos y otros es bien diferente pero no por ello menos importante.

Dependiente de la Secretaría de Salud Pública Municipal, el Centro de Atención Médica Periférica 43 está ubicado en barrio Güemes, a sólo 700 metros del Palacio 6 de Julio (Simón Bolívar al 826). Allí, el ambiente destila orden y pulcritud, apenas una pila de carpetas sobre un escritorio revela el movimiento diario. Aunque el horario de atención es de 7 a 14 el grueso de los pacientes son atendidos antes del mediodía.

Sobre el final de la sala se agrupan los consultorios. La señalética de cada puerta indica las especialidades: “Pediatría”, “Enfermería”, “Ginecología” y “Clínica Médica” (dos días a la semana la atención de esta especialidad se extiende de 7 a 14). También se alcanza a vislumbrar el sector de la cocina, lugar de reunión del personal donde se cultiva la camaradería y circula el mate de mano en mano.

José Bettolli tiene a cargo el área de ginecología y es el director del centro de salud desde noviembre de 2005. El lenguaje popular designa al lugar como el dispensario del barrio pero Bettolli reniega del término: “Es que lo asemeja a una despensa, un sitio para despachar y esto es un centro de atención médica periférica”, explica.

Desde el programa de embarazo y prenatal hasta el control del adulto sano, todas las actividades que allí se realizan giran en torno a la prevención. También se atienden algunas patologías leves de tipo ambulatorio. “En la población existe una proporción de 15 por ciento de enfermos y 85 por ciento de personas sanas, estos últimos constituyen nuestro principal objetivo”, afirma el ginecólogo.

El director considera que la difusión de los servicios que ofrecen no alcanza para que la gente se acerque masivamente. Por ello idearon una solución alternativa que consiste en utilizar a los pacientes como multiplicadores de los programas. Así, buena parte de los nuevos ingresos llegan por referencia de vecinos o familiares.

Pediatría, por caso, atiende entre 600 y 700 chicos por mes a través del Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo -incluye a los niños de hasta seis años- con un incremento del 30 por ciento de la demanda desde julio. Paradójicamente, los casos de pequeños con bajo peso están en retroceso y se comenzó a detectar problemas de obesidad en esa franja etárea.

En Ginecología, la prevención de embarazos adolescentes configura una lucha prioritaria que hasta ahora se libra con resultados desparejos. Es que frecuentemente se detectan embarazos en jóvenes de entre 15 y 17 años o mamás que no superan los 20 y ya cuentan con tres o más hijos. A Silvia Montoya, la enfermera, no le resulta fácil ensayar una respuesta al fenómeno. “Acá les ofrecemos todos los medios y sin embargo los embarazos ocurren igual. Creo que la educación o la carencia de ella tiene mucho que ver porque lo sorprendente es que, en su mayoría, son planificados”, reflexiona.

A ello se suma que el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable se aplica parcialmente: hace seis meses que el Ministerio de Salud de la Nación no envía partidas de anticonceptivos inyectables y a pesar de que el municipio las proveyó durante un tiempo, lo concreto es que las dosis disponibles se agotaron.

Perturbaciones ocupacionales
La comparación con los hospitales resulta inevitable al destacar la importancia de los centros de salud periféricos. “La despersonalización de los hospitales atenta con la calidad de la atención médica. Aquí conocemos al paciente pero también a su familia y el entorno donde desarrolla su vida, lo que permite un seguimiento más cercano de los casos”, subraya Bettolli.

Las dificultades, sin embargo, lo acercan a los grandes nosocomios. Por caso, el consultorio de Clínica Médica funciona sólo tres días por semana a razón de tres horas cada jornada. El déficit se produjo a partir de la jubilación de la profesional que ocupaba ese cargo y logra ser paliado a duras penas con una suplencia parcial.

El área administrativa, en tanto, se sostiene gracias a la buena voluntad de los trabajadores. Como no hay personal designado a tal efecto, Silvia -la enfermera- y Laura -la agente de limpieza- se reparten las tareas para que la ausencia sea menos notoria.

Entre los desafíos más urgentes que se plantean en el centro de salud de Güemes se encuentra la pelea contra la cultura de la dádiva. A pesar del voluntarismo, los médicos reconocen que la imagen de la institución se asemeja más a la de un maxikiosco o una farmacia que lo que verdaderamente representa.

La leche para los pequeños, los anticonceptivos a la mamá, el antibiótico para el padre o la abuela y hasta las aspirinas forman parte del repertorio de pedidos diarios. Podría pensarse que ello significa un avance en la reivindicación de derechos conculcados en otros ámbitos de la vida a los marginados. Para los médicos la explicación tiene raigambre cultural.

“La solicitud de medicamentos y otros elementos muchas veces no responde a una necesidad concreta. A menudo vienen a retirar lo que sea por el sólo hecho de saber que se entrega algo gratuitamente”, sostiene Gladys Fernández, la pediátra.

También hay lugar para las pequeñas satisfacciones. Durante una de mis incursiones llegó una mujer visiblemente agitada buscando al ginecólogo. “Usted me atendía en el dispensario de barrio Oña”, alcanzó a balbucear la señora intentando explicar a Bettolli porqué se trasladó más de 50 cuadras para localizarlo. Si bien hace dos años que fue transferido a Güemes, Bettolli aún es recordado en barrio Oña. En una sociedad acostumbrada al olvido, eso no es poca cosa.

El presente pertenece al dossier de artículos del autor publicados durante 2007/2008 en el sitio www.sosperiodista.com.ar

Fecha de publicación: 27/10/07

Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/La-salud-de-los-marginados

Vecino de Villa El Libertador enfrenta a dos tabacaleras

El presente pertenece al dossier de artículos del autor publicados durante 2007/2008 en el sitio www.sosperiodista.com.ar



Sería la única causa de este tipo en la justicia de Córdoba. José Altamirano, un humilde poblador de Villa El Libertador, no lograba superar su adicción al cigarrillo: llegó a fumar 40 puchos diarios durante más de 20 años, hasta que los médicos se lo prohibieron para seguir viviendo. Por entonces, ya le habían practicado tres by pass. Dejó el cigarrillo y emprendió una acción judicial contra las dos tabacaleras líderes de Argentina: Nobleza Piccardo y Massalin Particulares. La crónica de un juicio que está en etapa definitoria y que puede torcer el rumbo en la lucha contra el tabaquismo.

Sebastián Sigifredo.

En la Justicia Federal de Córdoba se desarrolla la única causa en la provincia -de que se tiene conocimiento- contra empresas tabacaleras. Las compañías demandadas son Nobleza Piccardo, subsidiaria de la British American Tobacco, y Massalin Particulares, firma local de la norteamericana Phillip Morris.

Hasta el momento, ninguna de las dos líderes del sector ha perdido ningún juicio en Argentina, a pesar que cada día se producen más de 110 muertes por enfermedades atribuibles al tabaco y que está científicamente probada la toxicidad del humo del cigarrillo.

En Argentina, la batalla legal contra los fabricantes de cigarrillos se desarrolla en un contexto altamente desfavorable. La primera demanda contra una tabacalera data de 1979 y desde entonces se estima en más de un centenar los reclamos individuales presentados por parte de fumadores. Pero ninguno prosperó.

Estados Unidos es el país que registra mayor cantidad de juicios contra la industria tabacalera. Hasta la década del ’80 el éxito acompañó a los fabricantes de cigarrillos al negar que el tabaco provocase enfermedades, primero, y luego con el argumento de que todos conocen los riesgos que entraña el fumar.

Hacia los ’90 se inició una nueva ola de litigios con la revelación de información confidencial de las empresas -conocían el carácter adictivo de la nicotina y los daños que provocaba el tabaco en la salud, como el cáncer de pulmón-. Además, los Estados entablaron acciones colectivas reclamando indemnizaciones por repetición de gastos médicos.

Para evitar que se concretara un proceso similar al norteamericano, en nuestro país las compañías decidieron compartir gastos millonarios en “prominentes” estudios jurídicos de Buenos Aires, con asesoramiento de expertos de sus casas matrices, lo que les permitió desarrollar una estrategia legal exitosa: no pagar un solo peso.

En tal sentido, una investigación reciente reveló que las dos grandes tabacaleras impulsaron en la década del ’90 un acuerdo para hacer fracasar las demandas iniciadas por fumadores en Argentina, mientras en Estados Unidos la industria sufría grandes derrotas.

La cautela con la cual se conducen las empresas no es casual, un mínimo traspié podría derivar en un aluvión de reclamos.

La demanda en cuestión, en la justicia de Córdoba, la inició José Miguel Altamirano, con el patrocinio de Eugenio Sigifredo y Enrique Sigifredo, en el Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba, a cargo del doctor Alejandro Sánchez Freytes.

Aunque el litigio fue iniciado en 1997 en los Tribunales provinciales, una de las tabacaleras planteó entonces el fuero federal por ser “vecino de extraña provincia”, lo que derivó en el archivo del expediente originario y que la causa recayera en la Justicia Federal hacia mayo de 2001.

Altamirano trabaja como ordenanza en el Poder Judicial de Córdoba pero no tuvo una vida fácil. Creció en uno de los barrios más populares de la ciudad -Villa El Libertador- y desde muy pequeño vendía caramelos o pedía limosnas en las esquinas céntricas. Comenzó a fumar antes de los diez años, de acuerdo al testimonio de varios testigos en la causa.

Se calcula que fumó unos 40 cigarrillos diarios durante más de 20 años de las marcas 43/70, Colorado, Marlboro y Particulares. Es decir, dedicó como mínimo unas 24.300 horas de su vida a fumar más de 292.000 cigarrillos. Ya pasó por tres by pass y tiene prohibido el cigarrillo desde hace más de una década. El diagnóstico, que consta en el expediente, indica que sufre de “miocardiopatia isquémica debido a tabaquismo crónico”. Una patología que lo acompañará por el resto de su vida.

La acción judicial se apoya sobre la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, el artículo 42 de la Constitución Nacional y las supuestas violaciones en que habrían incurrido las empresas involucradas respecto a la obligación de brindar de forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del cigarrillo. En tanto que el reclamo resarcitorio articulado por lucro cesante -la incapacidad de Altamirano- y el daño moral ocasionado ascienden a más de 250 mil pesos.

Los fabricantes de cigarrillos apuntan a la prescripción de la causa argumentando que Altamirano habría padecido “los primeros síntomas (de su enfermedad) en 1989”, al sufrir un presunto infarto, es decir “más de dos años antes de iniciar la demanda”.

La defensa asegura que “el actor conoció hace mucho tiempo que el cigarrillo es un riesgo para su salud (…) Por lo que debe computarse para el comienzo del plazo de prescripción el momento en que el actor conoció los primeros síntomas de su enfermedad”, según se desprende del expediente.

Además, las tabacaleras se amparan en la figura legal de la culpa de la víctima -artículo 1111 del Código Civil- al esgrimir que no serían responsables de los supuestos perjuicios que padece Altamirano porque éste habría asumido “libremente” el riesgo de sufrir los daños que sabía podían provocarle el consumo de cigarrillos.

Producida la clausura del período de prueba, hoy la demanda se encuentra en etapa de alegatos -instancia previa al dictado de la sentencia-, que consiste “en un resumen de la causa y una meritación de la prueba de cada parte respecto a lo que considera relevante”, afirma Eugenio Sigifredo.

La prevalencia de tabaquismo en la Argentina se encuentra entre las más altas de la región: alcanza al 38 por ciento de los hombres en edad económicamente activa, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
Respecto a los costos que insume, el Ministerio de Salud de la Nación determinó que los gastos directos de la atención médica de las enfermedades producidas por el consumo de tabaco son de casi 4900 millones de pesos al año, un monto que representa el 17,6 por ciento del total presupuestario del área.

En momentos en que el juicio ingresa en su etapa definitoria, la incertidumbre reinante no permite avizorar el desenlace pero invita a interrogarse si la Justicia avalará el pedido de prescripción solicitado por las demandadas o se detendrá a analizar la cuestión de fondo -los términos de la relación de consumo, la causalidad de los daños, la responsabilidad contractual o extra-contractual que les cabe a las empresas, etc.

La historia aún está por escribirse.



Fecha de publicación: 02/01/08

Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/Vecino-de-Villa-El-Libertador-enfrenta-a-dos-tabacaleras