Lectura de medios. El gobierno de Alan García debió dar marcha atrás y conformará una mesa multisectorial con los nativos para definir el futuro de la denominada ‘ley de la Amazonia’.
La suspensión fue precedida por protestas indígenas. Los nativos de la Amazonia peruana temen que la nueva normativa abra la puerta a una descontrolada inversión privada y denuncian que la misma fue aprobada sin el consentimiento de los pueblos originarios, contra lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Congreso de Perú ha suspendido la ley que motivó los disturbios en los que murieron 34 personas, publica El País -España-. El decreto legislativo 1090 había sido aprobado como parte de un grupo de leyes propuestas por el Ejecutivo peruano “para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libacre Comercio (TLC) con Estado Unidos”.
El País subraya que el episodio más violento dejó un saldo de 34 personas muertas en los choques entre nativos y policías. Los incidentes se produjeron cuando estos últimos intentaban romper los bloqueos en las carreteras y oleoductos que estaban “asfixiando a varias ciudades de la selva peruana”.
Las declaraciones del presidente Alan García también cobran una fuerte presencia en El País. El Mandatario peruano dijo que la solución no pasa por matar a 24 policías y agregó que las fuerzas del orden tuvieron “voluntad democrática y de diálogo” con los indígenas pero que murieron "de una manera salvaje y bárbara".
BBC Mundo -Inglaterra- destaca la suspensión indefinida de la denominada ‘ley de la Amazonia’ para luego aclarar que, en realidad, “podría ser por 90 días”. La decisión, lejos de satisfacer los reclamos, “indignó a la bancada de los representantes indígenas”, que exigían que se derogara por completo esta norma.
Mientras el relator especial de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya, manifestó su “más profunda preocupación” por los enfrentamientos acontecidos en Perú, el presidente Alan García dijo que su gabinete no cederá a “chantajes de pequeños grupos que no representan lo más avanzado en el país”, reseña BBC.
A su vez, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) expresó su temor por la seguridad de los nativos detenidos tras las violentas protestas. “No está claro como les están tratando (las fuerzas de seguridad), de qué se les acusa y si tienen acceso o no a asistencia médica o legal”, señaló AI en una declaración.
El Comercio -Perú- centra su enfoque en el anunció efectuado por el primer ministro del Perú, Yehude Simon, quién anticipó la instalación de una mesa de trabajo multisectorial para elaborar “propuestas de solución a la problemática amazónica”.
De los encuentros participarán cuatro miembros del Poder Ejecutivo y diez “apus” u hombres sabios de las comunidades, quienes son los responsables de adoptar decisiones dentro de la cosmovisión amazónica.
Esta plataforma de diálogo no se dedicará únicamente a debatir los decretos legislativos cuestionados por “algunas comunidades indígenas” -añade El Comercio- sino que abordará temas amplios como la educación bilingüe, aspectos de agricultura y salud, así como el respeto de las autoridades gubernamentales a las aguas y los territorios de las poblaciones nativas.
Fuentes: http://www.ssnnonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=819:sebastian-sigifredo&catid=97:sudamerica&Itemid=343
La suspensión fue precedida por protestas indígenas. Los nativos de la Amazonia peruana temen que la nueva normativa abra la puerta a una descontrolada inversión privada y denuncian que la misma fue aprobada sin el consentimiento de los pueblos originarios, contra lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Congreso de Perú ha suspendido la ley que motivó los disturbios en los que murieron 34 personas, publica El País -España-. El decreto legislativo 1090 había sido aprobado como parte de un grupo de leyes propuestas por el Ejecutivo peruano “para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libacre Comercio (TLC) con Estado Unidos”.
El País subraya que el episodio más violento dejó un saldo de 34 personas muertas en los choques entre nativos y policías. Los incidentes se produjeron cuando estos últimos intentaban romper los bloqueos en las carreteras y oleoductos que estaban “asfixiando a varias ciudades de la selva peruana”.
Las declaraciones del presidente Alan García también cobran una fuerte presencia en El País. El Mandatario peruano dijo que la solución no pasa por matar a 24 policías y agregó que las fuerzas del orden tuvieron “voluntad democrática y de diálogo” con los indígenas pero que murieron "de una manera salvaje y bárbara".
BBC Mundo -Inglaterra- destaca la suspensión indefinida de la denominada ‘ley de la Amazonia’ para luego aclarar que, en realidad, “podría ser por 90 días”. La decisión, lejos de satisfacer los reclamos, “indignó a la bancada de los representantes indígenas”, que exigían que se derogara por completo esta norma.
Mientras el relator especial de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya, manifestó su “más profunda preocupación” por los enfrentamientos acontecidos en Perú, el presidente Alan García dijo que su gabinete no cederá a “chantajes de pequeños grupos que no representan lo más avanzado en el país”, reseña BBC.
A su vez, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) expresó su temor por la seguridad de los nativos detenidos tras las violentas protestas. “No está claro como les están tratando (las fuerzas de seguridad), de qué se les acusa y si tienen acceso o no a asistencia médica o legal”, señaló AI en una declaración.
El Comercio -Perú- centra su enfoque en el anunció efectuado por el primer ministro del Perú, Yehude Simon, quién anticipó la instalación de una mesa de trabajo multisectorial para elaborar “propuestas de solución a la problemática amazónica”.
De los encuentros participarán cuatro miembros del Poder Ejecutivo y diez “apus” u hombres sabios de las comunidades, quienes son los responsables de adoptar decisiones dentro de la cosmovisión amazónica.
Esta plataforma de diálogo no se dedicará únicamente a debatir los decretos legislativos cuestionados por “algunas comunidades indígenas” -añade El Comercio- sino que abordará temas amplios como la educación bilingüe, aspectos de agricultura y salud, así como el respeto de las autoridades gubernamentales a las aguas y los territorios de las poblaciones nativas.
Fuentes: http://www.ssnnonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=819:sebastian-sigifredo&catid=97:sudamerica&Itemid=343
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