Sería la única causa de este tipo en la justicia de Córdoba. José Altamirano, un humilde poblador de Villa El Libertador, no lograba superar su adicción al cigarrillo: llegó a fumar 40 puchos diarios durante más de 20 años, hasta que los médicos se lo prohibieron para seguir viviendo. Por entonces, ya le habían practicado tres by pass. Dejó el cigarrillo y emprendió una acción judicial contra las dos tabacaleras líderes de Argentina: Nobleza Piccardo y Massalin Particulares. La crónica de un juicio que está en etapa definitoria y que puede torcer el rumbo en la lucha contra el tabaquismo.
Sebastián Sigifredo.
En la Justicia Federal de Córdoba se desarrolla la única causa en la provincia -de que se tiene conocimiento- contra empresas tabacaleras. Las compañías demandadas son Nobleza Piccardo, subsidiaria de la British American Tobacco, y Massalin Particulares, firma local de la norteamericana Phillip Morris.
Hasta el momento, ninguna de las dos líderes del sector ha perdido ningún juicio en Argentina, a pesar que cada día se producen más de 110 muertes por enfermedades atribuibles al tabaco y que está científicamente probada la toxicidad del humo del cigarrillo.
En Argentina, la batalla legal contra los fabricantes de cigarrillos se desarrolla en un contexto altamente desfavorable. La primera demanda contra una tabacalera data de 1979 y desde entonces se estima en más de un centenar los reclamos individuales presentados por parte de fumadores. Pero ninguno prosperó.
Estados Unidos es el país que registra mayor cantidad de juicios contra la industria tabacalera. Hasta la década del ’80 el éxito acompañó a los fabricantes de cigarrillos al negar que el tabaco provocase enfermedades, primero, y luego con el argumento de que todos conocen los riesgos que entraña el fumar.
Hacia los ’90 se inició una nueva ola de litigios con la revelación de información confidencial de las empresas -conocían el carácter adictivo de la nicotina y los daños que provocaba el tabaco en la salud, como el cáncer de pulmón-. Además, los Estados entablaron acciones colectivas reclamando indemnizaciones por repetición de gastos médicos.
Para evitar que se concretara un proceso similar al norteamericano, en nuestro país las compañías decidieron compartir gastos millonarios en “prominentes” estudios jurídicos de Buenos Aires, con asesoramiento de expertos de sus casas matrices, lo que les permitió desarrollar una estrategia legal exitosa: no pagar un solo peso.
En tal sentido, una investigación reciente reveló que las dos grandes tabacaleras impulsaron en la década del ’90 un acuerdo para hacer fracasar las demandas iniciadas por fumadores en Argentina, mientras en Estados Unidos la industria sufría grandes derrotas.
La cautela con la cual se conducen las empresas no es casual, un mínimo traspié podría derivar en un aluvión de reclamos.
La demanda en cuestión, en la justicia de Córdoba, la inició José Miguel Altamirano, con el patrocinio de Eugenio Sigifredo y Enrique Sigifredo, en el Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba, a cargo del doctor Alejandro Sánchez Freytes.
Aunque el litigio fue iniciado en 1997 en los Tribunales provinciales, una de las tabacaleras planteó entonces el fuero federal por ser “vecino de extraña provincia”, lo que derivó en el archivo del expediente originario y que la causa recayera en la Justicia Federal hacia mayo de 2001.
Altamirano trabaja como ordenanza en el Poder Judicial de Córdoba pero no tuvo una vida fácil. Creció en uno de los barrios más populares de la ciudad -Villa El Libertador- y desde muy pequeño vendía caramelos o pedía limosnas en las esquinas céntricas. Comenzó a fumar antes de los diez años, de acuerdo al testimonio de varios testigos en la causa.
Se calcula que fumó unos 40 cigarrillos diarios durante más de 20 años de las marcas 43/70, Colorado, Marlboro y Particulares. Es decir, dedicó como mínimo unas 24.300 horas de su vida a fumar más de 292.000 cigarrillos. Ya pasó por tres by pass y tiene prohibido el cigarrillo desde hace más de una década. El diagnóstico, que consta en el expediente, indica que sufre de “miocardiopatia isquémica debido a tabaquismo crónico”. Una patología que lo acompañará por el resto de su vida.
La acción judicial se apoya sobre la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, el artículo 42 de la Constitución Nacional y las supuestas violaciones en que habrían incurrido las empresas involucradas respecto a la obligación de brindar de forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del cigarrillo. En tanto que el reclamo resarcitorio articulado por lucro cesante -la incapacidad de Altamirano- y el daño moral ocasionado ascienden a más de 250 mil pesos.
Los fabricantes de cigarrillos apuntan a la prescripción de la causa argumentando que Altamirano habría padecido “los primeros síntomas (de su enfermedad) en 1989”, al sufrir un presunto infarto, es decir “más de dos años antes de iniciar la demanda”.
La defensa asegura que “el actor conoció hace mucho tiempo que el cigarrillo es un riesgo para su salud (…) Por lo que debe computarse para el comienzo del plazo de prescripción el momento en que el actor conoció los primeros síntomas de su enfermedad”, según se desprende del expediente.
Además, las tabacaleras se amparan en la figura legal de la culpa de la víctima -artículo 1111 del Código Civil- al esgrimir que no serían responsables de los supuestos perjuicios que padece Altamirano porque éste habría asumido “libremente” el riesgo de sufrir los daños que sabía podían provocarle el consumo de cigarrillos.
Producida la clausura del período de prueba, hoy la demanda se encuentra en etapa de alegatos -instancia previa al dictado de la sentencia-, que consiste “en un resumen de la causa y una meritación de la prueba de cada parte respecto a lo que considera relevante”, afirma Eugenio Sigifredo.
La prevalencia de tabaquismo en la Argentina se encuentra entre las más altas de la región: alcanza al 38 por ciento de los hombres en edad económicamente activa, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
Respecto a los costos que insume, el Ministerio de Salud de la Nación determinó que los gastos directos de la atención médica de las enfermedades producidas por el consumo de tabaco son de casi 4900 millones de pesos al año, un monto que representa el 17,6 por ciento del total presupuestario del área.
En momentos en que el juicio ingresa en su etapa definitoria, la incertidumbre reinante no permite avizorar el desenlace pero invita a interrogarse si la Justicia avalará el pedido de prescripción solicitado por las demandadas o se detendrá a analizar la cuestión de fondo -los términos de la relación de consumo, la causalidad de los daños, la responsabilidad contractual o extra-contractual que les cabe a las empresas, etc.
La historia aún está por escribirse.
Fecha de publicación: 02/01/08
Fuente: http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/Vecino-de-Villa-El-Libertador-enfrenta-a-dos-tabacaleras
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